La Contraloría General estableció indicios de responsabilidad penal.

Oposición y oficialismo coinciden en que una red de corrupción opera en Petroecuador. La Contraloría ha identificado, al menos, a 12 funcionarios que no pudieron explicar el incremento de su patrimonio tras su paso por la petrolera estatal.

De ellos, tres son los exgerentes que –cada uno a su turno– han sido señalados como los supuestos ‘cabecillas’ de la red: Álex Bravo, Marco Calvopiña y Carlos Pareja Yannuzzelli. Los dos primeros están detenidos, y el tercero está prófugo

Los nombres de los implicados constan en los informes con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía, entre mayo y octubre de 2016. La Fiscalía, de a poco, está formalizando las acusaciones.

Ayer, por ejemplo, la entidad formuló cargos por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Michael Enrique Manzano. Él fue asesor legal, abogado de contratos, coordinador de asesorías y contratos y subgerente de Logística y Abastecimiento. Según la Contraloría, no se puede “determinar el origen de los fondos por 271.091,21 dólares”. Y se desconoce también la procedencia de otros 128.347 dólares que usó para comprar un inmueble y tres vehículos, dice el informe.

Manzano tiene orden de prisión desde ayer. Él también está prófugo.

En la lista de investigados por la Contraloría están también el actual gerente de la estatal (que, según la Fiscalía, ya está siendo investigado por supuesto perjurio por no declarar su participación accionaria en una empresa en Panamá) y el gerente de Comercio Internacional, entre 2010 y 2015.

Este último no pudo sustentar con documentos la compra de un vehículo. Las cuentas de su esposa también reportaron novedades: “no se justificó el origen de 40.255,54 dólares”, y “se acreditaron valores por 343.674,44 dólares, los cuales no fueron justificados en su totalidad”, dice la Contraloría.

Esta ausencia de justificativos se repite en todos los informes. Otras conclusiones también son parecidas: “los movimientos económicos no son coherentes”, o “no cuentan documentación para determinar el origen de los fondos”, o “al no declarar de forma completa sus activos y pasivos reflejó un patrimonio irreal”.

Una funcionaria no pudo justificar 25.580 dólares que tenía en una cuenta, ni el origen de 68.992 dólares que usó para comprar dos vehículos. Otro, no explicó la procedencia de 222.976,39. Y, uno más no explicó 55 depósitos que recibió por 69.241,81 dólares.

Fuente: El Expreso