En 58 casos no se cumplen con los parámetros establecidos en la normativa, los otros 3 no debieron emitirse por el Ministerio de Salud.

Tres meses transcurrieron desde que salió a la luz pública el escándalo por presunta corrupción por la supuesta obtención fraudulenta de carnets de discapacidad. Estos hechos ‘salpicaron’ a asambleístas, jueces y se extendieron a otras altas autoridades de instituciones públicas.

La Fiscalía abrió una indagación previa, pues existen presunciones de que los documentos se utilizaron para favorecerse ilegítimamente de los derechos que la Ley otorga a las personas con discapacidad, como los beneficios tributarios en los procesos de importación de bienes y en la participación de concursos de méritos y oposición para ejercer cargos públicos.

El Consejo de la Judicatura (CJ) fue uno de los órganos señalados. Jueces, fiscales, defensores públicos y otros trabajadores del área administrativa habrían obtenido irregularmente los carnets de discapacidad.

Se solicitó una entrevista a la institución para conocer las acciones emprendidas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin directrices

En un comunicado, el organismo precisó que de un listado de 98 magistrados enviado al Ministerio de Salud para cotejar la información, esa cartera de Estado determinó que 37 casos sí cumplen con la documentación que consta en el Sistema de Información en Línea (SIL).

El caso de otros 58 jueces entraron a un proceso de verificación por no cumplir con los parámetros establecidos en la Ley, mientras que los otros tres ni siquiera se registran en el SIL, es decir, el Ministerio de Salud concluyó que la emisión de esos documentos no debió concretarse.

El CJ todavía no ha informado si esos 61 funcionarios se beneficiaron con el puntaje en el proceso del concurso público antes de su designación, aunque la Dirección de Transparencia de la institución pidió ya reportes al respecto a la dependencia de Talento Humano.

Reina el silencio

El mismo CJ, aseguró que desde el Ministerio de Salud todavía no se remite la información del resto de funcionarios, pese a las reiteradas insistencias para determinar si los carnets fueron obtenidos de manera legal, el tiempo y su vigencia.

Gladys Montalván, coordinadora de la veeduría conformada para vigilar el proceso que se lleva en este caso, aseguró que dicho Ministerio no les ha proporcionado información sobre los avances de la auditoría interna.

Este medio también solicitó al Departamento de Comunicación de Salud una entrevista para conocer cómo avanza el proceso interno que llevan para establecer responsabilidades, pero tampoco hubo un pronunciamiento.

Juicio político

La Comisión de Fiscalización tramitó ayer el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Cristian Cruz, planteado por el asambleísta Henry Kronfle.

El funcionario es señalado por una presunta obtención ilícita de su carnet que certifica que tiene un 81% de discapacidad visual. Cruz aseguró que ese porcentaje es la mezcla de dos deficiencias, la visual y auditiva, aunque desde el Conadis se precisó que cuando se emitió el documento, en octubre de 2009, se calificó solo como visual.

3.000 carnets de discapacidad, aproximadamente, se emitieron durante la emergencia sanitaria 9.Desde la veeduría se respalda la acción política en contra del titular del Cpccs. Montalván aseguró que hay varias inconsistencias de orden legal en dicha obtención, presunciones que la Comisión de Fiscalización evalúa durante el juicio político, a lo que se suman supuestos incumplimientos de funciones denunciadas por la consejera del Cpccs, María Fernanda Rivadeneira.

A esa mesa legislativa acudió Cruz y entregó las pruebas de descargo. Insistió en que su discapacidad es fruto de una lesión por la práctica de artes marciales y que el carnet lo obtuvo antes de ser funcionario público.

Fuente: Lahora.com.ec