“Tenemos un caso en Milagro, en donde han existido problemas como precarización laboral, defraudación tributaria y aduanera, lavado de activos y presunto testaferrismo de funcionarios del Gobierno anterior”, dijo este martes el viceministro de la Secretaría Particular de la Presidencia Iván Granda Molina respecto de anomalías que se habrían registrado en una acería que funcionaba en ese cantón de Guayas.

El funcionario dijo que el caso está en etapa de investigación en la Fiscalía pero que habría fuertes indicios de que estuvieron involucrados funcionarios del Régimen de Rafael Correa.

“Lo que hemos podido establecer es elementos de convicción que existirían para que se pueda establecer esa relación; será la fiscal (de lavado de activos, Ivonne Proaño) la que tenga que determinar, porque nosotros hemos denunciado por lavado de activos, pero nos parece importante que la Fiscalía, que es otro poder del Estado, también empiece la investigación por testaferrismo”, dijo Granda.

El allanamiento se realizó el 27 de diciembre pasado y el caso está en indagación previa. La fábrica fue clausurada.

Granda detalló que existiría el delito de defraudación tributaria porque hubo declaraciones de impuestos por 77 dólares pero se encontraron bienes por 116.000 dólares. Además, uno de los accionistas habría justificado solo tres de los ocho millones de dólares que tenía.

En tanto, la directora general del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) María Alejandra Muñoz manifestó que el caso que se indaga es uno de los 45 casos de operaciones de comercio internacional con trazabilidad que tienen comportamientos inusuales y que se encuentran siendo investigados por la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción.

“Se investiga una acería que funciona desde el 2014, pero reporta movimientos desde el 2017. Su comportamiento se repite en 2016, 2017 y 2018, es decir, tiene compras por $ 300.000, vende $ 2.000 y paga impuestos por $ 17″, insistió la funcionaria.

Añadió que esta investigación se inició hace 30 días en la acería, con al menos tres socios, que funcionaba en Milagro desde 2014 pero que reporta movimientos recién desde 2017. “La registra su accionista minoritario por 400 mil dólares aproximadamente, recién en el 2017, tres años después de construida, cuando tenía su RUC suspendido (…)”, dijo la funcionaria.

En este sentido, Granda comentó que en 2014 se declaró la importación de maquinaria valorada en 413.000 dólares, pero su costo real sería de $ 30 millones.

Mientras, el ministro de Trabajo Raúl Clemente Ledesma explicó que se constataron incumplimientos laborales como jornadas de trabajo de más de siete días de la semana, sin afiliación al Seguro Social, y personal extranjero (chinos y venezolanos) sin ningún tipo de regularización, entre otros.

Fuente: eluniverso.com