Un día como hoy hace seis años, Julia alistó el desayuno para su hija Dame. La peinó, revisó que su uniforme esté limpio y la vio partir a su escuela. Hoy la niña toma pastillas para la ansiedad y la depresión, aquel día fue víctima de abuso sexual en su aula de clases.

Dame es una de las 4.066 víctimas que han sufrido abusos sexuales en las escuelas del Ecuador entre 2014 y 2019, según los datos del Ministerio de Educación.

Un total de 1.983 docentes son acusados por abusos sexuales dentro de las escuelas, según información oficial. Una base de datos elaborada por una investigación de GK Connectas en la que participaron periodistas de El Mercurio revela que al menos el 97 por ciento de casos de abusos sexuales que involucran a profesores siguen impunes.

Dramas como el que vivió Dame se ven agravados por un mal manejo de las denuncias desde las autoridades escolares. La comisión para tratar sobre abusos sexuales en la Asamblea Nacional, denominada Comisión Aampetra, tomó una muestra de 42 denuncias de abuso sexual infantil en escuelas del país y determinó que, en todos los casos las autoridades de las instituciones educativas incumplieron su obligación de denunciar.

En Cuenca, por ejemplo, las autoridades de un colegio público ocultaron durante un año denuncias de violación de una alumna. El excoordinador de Educación, Henry Calle, relata que durante su administración tuvo que separar a rectores y directoras distritales que habían ocultado un “número indeterminado” de casos de abuso sexual.

La Contraloría General del Estado detectó –sobre una muestra de 1.182 casos- que menos de la

mitad terminaron en la destitución de los presuntos abusadores, los demás prescribieron, se archivaron, terminaron en una suspensión temporal de labores, la reubicación de los docentes o una simple amonestación verbal. Sólo 16 terminaron en una sentencia judicial.

En otro informe emitido en enero del 2020 se indica que, al sur de Quito, las autoridades de educación archivaron sin justificación el 24 por ciento de las denuncias por abuso sexual de docentes entre 2015 y 2018.

El distrito de Educación de esa zona justificó las omisiones por “acumulación de trabajo, vacaciones de los abogados y cambios de funcionarios”.

“¿Qué hicimos mal?”, pregunta Fabián Salguero, padre de un niño de siete años de edad, víctima de abuso sexual. Una mañana su hijo llegó a casa con sangre en su ropa interior, sus padres acudieron de inmediato a la Fiscalía, pero los funcionarios tardaron diez horas en atenderlos mientras el niño “se retorcía de dolor”, recuerda Fabián.

Las demoras en el sistema judicial pasan factura. La Fiscalía informó, hasta el cierre de esta investigación, sobre 39 sentencias condenatorias en firme, esto es un 1,13 por ciento de las denuncias recogidas por el Ministerio de Educación. Esos pocos procesos, además, pueden demorar hasta nueve años en resolverse, según datos de Human Rights Watch.

Entre las razones para que esto pase está la falta de presupuesto. En Ecuador solo hay 29 cámaras de Gessel, nueve de ellas averiadas y no hay presupuesto para repararlas, por otra parte solo 74 de los 840 fiscales del país está capacitado para tratar temas de abuso sexual de menores, además, para atender la demanda de denuncias se requieren 136 psicólogos, pero se cuenta con menos de la mitad.

Ante las trabas del sistema judicial las familias de las víctimas deben pagar sus propios abogados con costos que van entre 800 y 2.000 dólares en promedio, dinero con el que no siempre cuentan. Esa condición económica puede ser usada por los abusadores para comprar conciencias.

Henry Calle, excoordinador (jefe) zonal del Ministerio de Educación, comenta que conoció acuerdos de reparación económica extra judiciales entre los abusadores y los familiares de las víctimas para que se retiren las demandas.

Juana Fernández, experta de la Fiscalía, señala que la institución combate estos problemas a través de la capacitación de sus funcionarios.

Hace un mes, la Fiscalía anunció la instalación de dos nuevas cámaras de Gessel en el país, y la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, insistió al Ministerio de Finanzas sobre la necesidad de contratar más personal. Se requieren al menos 540 investigadores adicionales de forma urgente.

El Ministerio de Educación también presenta falencias. En 2011 se emitió la orden de contar con un plan de erradicación de la violencia sexual en los centros educativos, pero este nunca se implementó según un informe de la Contraloría General del Estado.

Esa no es la única omisión ya que, según la Contraloría, un número indeterminado de procesos desaparecieron de los archivos del Ministerio de Educación.

Otra deficiencia es la falta de Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), encargados de recibir y encausar las denuncias. El Ministerio de Educación calcula que se requieren 7.446 de estas unidades, pero hay apenas 3.460.

Lourdes Cuesta, legisladora y parte de la Comisión Aampetra, apunta al Ejecutivo como cómplice de posibles reincidencias en casos de abuso sexual. De 448 casos revisados por la Contraloría, el 13 por ciento de los docentes denunciados por abuso sexual regresaron a las aulas.

La Corte IDH dio al país un año de plazo, a partir de agosto del 2020, para que se tomen medidas adicionales para la detección de casos de violencia sexual, su prevención y atención a

las víctimas. Mientras corre el tiempo las familias de las 4.066 víctimas de abuso sexual en las escuelas, un 2,4 % de ellas embarazadas por violación, siguen esperando por justicia.

Esta investigación fue realizada para GK y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Fuente: Elmercurio.com.ec