El CAL suspendió su salario y la oposición se pregunta por qué no se hizo antes. Espera informe de Contraloría.

Como una reacción tardía del Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la oposición a la decisión de ese organismo de suspender el pago del sueldo a la asambleísta Esperanza Galván (ex PAIS), en prisión desde hace 13 meses y sentenciada en primera instancia por cohecho. Ella recibió su paga durante todo este tiempo pese a no estar trabajando, dado que no hay sentencia ejecutoriada.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea y titular del CAL, aseguró ayer que la medida se tomó en base a la “advertencia y sugerencia” emitida en la lectura del primer borrador del informe de la Contraloría General comunicada el lunes pasado. “Se ha dispuesto a la Administración General que se suspenda todo tipo de pagos a la asambleísta Galván hasta poder contar con el informe final”, tras lo cual se ratificará la medida de manera definitiva, dijo Rivadeneira.

“Los miembros del CAL, y la señora Presidenta a la cabeza, deberían informarle al Ecuador por qué no tomaron esa decisión en su momento”, reaccionó Mae Montaño (CREO). Agregó que, aunque a Galván no se le puede retirar el cargo, el CAL sí podía suspender a la legisladora hasta que el juicio llegara a su etapa final.

Advirtió que la Contraloría debería establecer responsabilidades administrativas sobre los funcionarios que ordenaron esos pagos. “Fue pública la detención de la asambleísta; entonces, el CAL debió analizar el asunto”, dijo Montaño.

Por su parte, Fanny Uribe (Avanza) estima que la decisión obedece a la presión ejercida por varios sectores. “¿Por qué no le suspendieron antes?, es la pregunta; ¿por qué pasó tanto tiempo, por qué ahora?”. Para la legisladora, la resolución del CAL no termina por resolver el conflicto. Por ejemplo, considera que Galván debería devolver lo cobrado desde que está en prisión y que, si no lo hace, ella deberá responder por esos recursos y también aquellos que ordenaron la cancelación.
La versión de Rivadeneira

La Presidenta de la Asamblea contestó que será la Contraloría la que, en su informe final, determine cuál es la situación de los sueldos cobrados hasta el momento por Galván. “Hay que basarse en el hecho de que no ha sido ilegal, sino que hay un vacío legal que (no) permite esclarecer cuál es el caso extraordinario y en este caso la Asamblea ha correspondido con el cumplimiento de lo que reza la norma vigente”, dijo Rivadeneira.

Desde el lunes en que se leyó el informe borrador, las partes notificadas tienen cinco días para presentar sus argumentos y pruebas de descargo, por lo que se espera que el informe definitivo esté listo la próxima semana.

Novedades judiciales

La Sala de Apelación en materia penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cuestionó la “falta de celeridad y agilidad” del tribunal que juzgó en primera instancia el caso de Esperanza Galván y otros.

En sentencia del 22 de diciembre de 2015, se declaró a Esperanza Galván, Miguel Salvatierra y Santiago Poveda Ortoll autores de cohecho y se les impuso la condena de tres años de prisión. A Walter de la Torre Cevallos se le ratificó el estado de inocencia y revocó todas las medidas cautelares y reales dictadas en su contra. La Sala de apelaciones hizo notar que se debió efectivizar esta decisión, pero no se ha hecho.

Fuente: LA HORA