Dos historias reflejan lo complejo que resulta obtener estos carnets, que se estarían utilizando para beneficios tributarios.

Rita Saltos padece de epilepsia. Renovar su carnet de discapacidad hace tres años fue un viacrucis sin Cristo. La empresa de seguros en la que labora, dentro del departamento de Talento Humano, la obligó a renovar el documento con una nueva emisión del Ministerio de Salud, ya no del Consejo Nacional de Igualdad para Discapacidades (Conadis).

La mujer narra que el proceso tomó alrededor de cinco meses, tiempo en el que pasó de dependencia en dependencia, de médico en médico, de especialista en especialista hasta que por fin llegó a sus manos el documento que por Ley le corresponde.

Para ello, dice, tuvo que aguantar negativas de personal médico de salud pública, que dudaban de su condición, pues la enfermedad que padece no se evidencia en sus rasgos físicos.  “Me decían: ‘yo a usted no le diera el carnet’. Yo respondía que ellos no saben lo que siento por dentro”, comenta, lamentando que más de una vez tuvo que darse la vuelta y salir de los consultorios con el ánimo por el piso.

La hija de Noemí Aguilar tiene nueve años y padece de una enfermedad llamada vejiga neurogénica, que le ocasionó una insuficiencia renal. Conseguir un carnet del Conadis tampoco fue tarea fácil.

Pese a tener certificados de la enfermedad, los médicos que evaluaban su condición, dice, utilizaban el criterio del ojo de buen cubero para dar su diagnóstico. “Como a mi niña la veían caminando me decían que estaba bien”, cuenta Aguilar.

El papeleo y las visitas a oficinas para que le entreguen el documento le tomaron, al menos, tres meses.

Indignación

Tanto Saltos como Aguilar se sienten maltratadas por el sistema, al enterarse que personas investigadas por corrupción y también asambleístas, cuentan con ese carnet y que supuestamente lo estarían utilizando para beneficios tributarios, al importar vehículos de alta gama sin pagar impuestos.

“He pasado con mi hija en brazos, pagando taxis, yendo de un lado para el otro para que le nieguen todo, me dan ganas de llorar por la indignación”, expresa Aguilar.

Incluso, ayer, en Guayaquil fue desarticulada una banda que se dedicaba a la venta de carnets de discapacidad, a través de redes sociales. Los vendían hasta por $1.300.

Señalamientos y respuestas

Según el portal de noticias La Historia, varios asambleístas se habrían beneficiado de la obtención de certificados de discapacidad en ventajas tributarias.

De acuerdo con el medio, el esposo de la legisladora Elizabeth Cabezas compró con exoneración un vehículo de lujo en 2014 y otro automotor con los mismos beneficios, en diciembre de 2019.

La Asambleísta, por medio de su cuenta de Twitter, reconoció que su cónyuge sí tiene un carnet de discapacidad otorgado por el Conadis desde 1989, pero aclaró que lo obtuvo por un accidente de tránsito que sufrió hace 36 años.

Otro caso sería el del asambleísta Fabricio Villamar. Importó un vehículo 4×4 “con exoneración de tributos y con fecha 8 de enero de 2020”, según el portal de noticias.  Villamar, por medio de Twitter, calificó a la publicación como una verdad a medias. Dijo tener una discapacidad auditiva y que hizo una importación de un automotor por $23.500 y que sí canceló los tributos correspondientes. “Con gusto me someto a una reevaluación”, escribió.

Daniel Salcedo, empresario investigado por corrupción en dotación de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado, también consta dentro del registro de discapacitados del Ministerio de Salud, con un 41% de discapacidad auditiva.

El Conadis aclaró que ya no es competencia de esa institución emitir dichos documentos, que esa facultad pasó al Ministerio de Salud desde el 2013. Esta última cartera de Estado no ha informado cuáles son los criterios que la institución usa para otorgar estas certificaciones.

Ante estos hechos, el presidente de la República, Lenín Moreno, declaró seis medidas, como la importación de automóviles sin aranceles, se detendrán a todos los vehículos importados con carnets fraudulentos y el Ministerio de Salud realizará una auditoría. (FLC)

Secretario de Inteligencia con carné de discapacidad

Juan Sebastián DeHowitt, director general del Centro de Inteligencia Estratégica, es otro de los personajes públicos que tiene un carnet de discapacidad. DeHowitt está registrado en el Conadis con una discapacidad física moderada del 37%.

Diario La Hora se intentó comunicar con el Director; sin embargo, un funcionario del Centro de Inteligencia, informó que DeHowitt no puede otorgar ninguna entrevista, ya que se encuentra con permiso médico desde el 22 de junio, y afirmó que no ha usado su carné de discapacidad para importar ningún vehículo. (FC)

Delito penado por la Ley

Nicolás Salas, abogado especialista en derecho penal, explicó que usar certificados de discapacidad sin padecer ninguna dolencia se configura en un delito de falsificación y uso doloso de documento falso. Precisó que si se trata de documentos públicos, como es el caso, este tipo penal es sancionado de 5 a 7 años de cárcel, de acuerdo al artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“La Ley establece que tiene la misma pena tanto el que falsifica como el que conociendo que el documento es falso lo utiliza”, explicó el penalista.

Beneficios para discapacitados

Carnet del Conadis

Rebajas en servicios básicos.
Rebajas o extensión a impuestos.
Exoneración de la tarifa de transporte.
Importación de bienes y ayudas técnicas.
Fuente: lahora.com.ec