El llamado a concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias a medios públicos, privados y comunitarios (radio y televisión) se dio paralelamente con cuestionamientos y solicitudes de gremios de la comunicación y políticos, para que el proceso se aplace hasta que concluya el periodo electoral.
El ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, negó que el año electoral pueda influir en el concurso, y argumentó que es un proceso que el país necesita. “No vemos por qué el año político tiene que afectar un proceso que necesita el país; hay frecuencias caducadas y prorrogadas y tienen que ser renovadas por la seguridad jurídica”, expresó. Las frecuencias caducadas sumarían cerca de 1.500, según su versión.
Sin embargo, el presidente de los Canales de Televisión, Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, Roberto Manciati, advirtió como “principal preocupación” que la convocatoria está realizada de tal manera de que en los próximos ocho o nueve meses, los medios privados estarán inmersos en un proceso para intentar acceder a una frecuencia, pero en medio de un periodo electoral.
“Si voy a participar en un concurso, es obvio que el medio va a tener mucho cuidado en la información que emite. (…) Esta es una preocupación que los concesionarios tenemos”, dijo.
Paúl Carrasco, líder del movimiento Podemos, interesado en participar en las elecciones de 2017, también calificó como un “error grave para la libertad de comunicación” el inicio del concurso y cuestionó que una vez que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, en octubre, los medios estarán “sometidos simultáneamente a un proceso de selección”. ¿Qué independencia tendrán los medios para dar información sobre los candidatos que no son de la línea oficialista?, cuestionó.
Fuente: La Hora