La Secretaría Anticorrupción formuló una denuncia en contra de la legisladora Doris Soliz, del bloque Revolución Ciudadana, por un presunto peculado.

La investigación, hecha por ese organismo, se desprende de los ilícitos financieros relacionados con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, que perjudicó a alrededor de 113.000 personas de Azuay y Guayas, donde esta entidad financiera posicionó sus sucursales.

Dora Ordóñez, secretaria Anticorrupción, explicó que cuando Soliz estuvo al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), durante el régimen correísta, autorizó dos resoluciones a favor del Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), que le habrían generado un millonario perjuicio al Estado.

“Se transfirieron recursos públicos en dos transacciones por 10,2 millones de dólares, a una empresa privada recién conformada (Prograserviv) para que, en coadministración con el IEPS, se pueda llevar adelante el negocio que anteriormente tenía Coopera”, explicó.

Prograserviv fue conformada días antes del giro de negocios de Coopera, por alrededor de 200 de sus exempleados.

Para la funcionaria, el delito de peculado se configurarìa al autorizar el uso de recursos públicos para la adquisición de bienes de una empresa privada. Dijo también que, según un avalúo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), dichos bienes de Coopera no alcanzarían los 10,2 millones que se pagó en ese entonces, sino que su costo llegaría a 3 millones, aproximadamente.

Reacción

Esta mañana, la legisladora señaló que es infundada la denuncia de un posible delito contra la administración pública y que no hay peculado. Dijo también que espera ser notificada para defenderse.

«Tengo toda la documentación para sustentar todo el descargo. No he recibido ningún documento oficial por lo tanto desconozco la denuncia. No hay supuesto peculado del que me acusan porque los bienes están en manos del Estado».

Además, dijo que le causa profunda extrañeza que siendo la interesada, aún no ha recibido la denuncia.

Intromisión política
Ordóñez dijo que, en el régimen anterior, se dispuso en reiteradas ocasiones la clasificación de la información relacionada a este asunto. “El caso de Coopera es el resultado de la intromisión política (del régimen pasado) en el cooperativismo. En su momento no hubo control estatal a estas entidades financieras”, afirmó.

La funcionaria recordó que, Rodrigo Aucay, excandidato a asambleísta por el movimiento oficialista de entonces, Alianza PAIS, fue gerente de Coopera. Hoy, él cumple una sentencia por enriquecimiento ilícito.

La Secretaría Anticorrupción no descartó nuevas acciones en esta investigación. Informó que hay más de 11.000 cajas de documentos desclasificados, entre facturas registros contables y declaraciones, que se analizarán para determinar posibles delitos conexos.

Los hechos
El pasado 7 de agosto, la Secretaría Anticorrupción solicitó a SEPS la desclasificación de documentos relacionados a la disolución y liquidación de Coopera. El trámite se aceptó y el organismo de control identificó indicios de un presunto delito contra la administración pública.

Según la denuncia formulada en Fiscalía, Soliz, como titular del MIES, autorizó en dos ocasiones, el 17 y 24 de enero de 2014 respectivamente, al exdirector del IEPS, Raúl Zurita, participar en el concurso de precios convocado por el liquidador de Coopera y además a la adquisición de sus bienes muebles e inmuebles de esa entidad financiera.

El primero de noviembre del 2013, Soliz contrató los servicios de la Universidad de Cuenca, por un monto de 78.400 dólares, para que haga una evaluación de los negocios en marcha vinculados (centro de acopio, tiendas, fondas, marca, entre otros). El estudio reveló un avalúo de 8’949.162.

Según la denuncia, el Ministerio de Finanzas aprobó, mediante resolución de 17 y 28 de enero, la modificación que permitió al IEPS financiar esos 8,9 y 1,3 millones de dólares.

“La exministra (Soliz), a través de dos resoluciones, le autoriza la compra del negocio comercial de Coopera. También le autoriza a participar en un concurso de precios para adquirir los bienes”, afirmó Ordóñez.

Además, indicó que el IPES no tenía, dentro de sus atribuciones, la facultad de administración o compra de acciones, según el artículo 154 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 161 de su Reglamento General.

Sin embargo, el 31 de enero del 2014, Coopera resolvió adjudicar sus bienes a favor del IEPS. El 9 de septiembre de ese mismo año se suscribe la escritura de este traspaso.

Intentamos comunicarnos con Soliz para que nos dé su versión, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. (DLH)

FRASE

«El caso de Coopera es el resultado de la intromisión política (del  régimen pasado) en el cooperativismo”. Dora Ordóñez, presidenta de la Secretaría Anticorrupción

Doris Soliz

Cargos públicos desde 2007

Ministra Coordinadora de Patrimonio Cultural: del 15 de febrero de 2007 al 14 de junio 2009.

Ministra Coordinadora de la Política: del 23 de enero de 2010 al 10 de noviembre 2011.

Ministra Coordinadora de Desarrollo Social: del 11 de noviembre de 2011 al 22 de abril de 2012.

Ministra de Inclusión Económica y Social: del 23 de abril de 2012 al 1 de mayo 2014.

Secretaria Ejecutiva de Alianza País: del 2 de mayo 2019 al 13 de mayo de 2017.

Asambleísta nacional por Azuay: del 14 de mayo 2017 hasta la fecha.

Fuente: lahora.com.ec

Visitas de hoy: 0
Total de visitas: 10766