Irma Farid Pinto Brito era alegre. Soñaba con viajar y ayudar a sus padres a que tengan casa propia. Le encantaban los números. Fue secretaria en la escuela de karate de su hermano. La historia no la puede contar ella: la narra su único hijo, Juan Pablo Guerrero Brito, quien quedó huérfano a los 11 años.

La vida de dificultades que tuvo y el dolor de perderla a causa de un cáncer de estómago, hacen que Juan Pablo, de 33 años, defienda la posibilidad que a ella le negaron: un aborto que le hubiera permitido cumplir sus sueños y tener hijos cuando quisiera y estuviera preparada. “El Estado debería proteger a las mujeres sin que las creencias religiosas influyan”, dice el joven artista, luego de narrar que su padre forzó a su madre a tener relaciones sexuales, durante un paseo al que la invitó cuando tenía 20 años y él cerca de 40.

Según datos recopilados por organizaciones de mujeres como Surkuna y Fundación Desafío, 7 niñas menores de 14 años dan a luz al día y un mismo número abortan en el país. Y relatos como el de Juan Pablo Guerrero hacen que la presidenta de la fundación Inredh, Mónica Vera, opine que es “muy lamentable” la decisión de los asambleístas que no apoyaron o se ausentaron a la votación del martes, sobre la despenalización del aborto en casos de violación.

Criminalización de la pobreza

A pesar de que semanas antes el panorama en la Asamblea daba esperanzas a quienes apoyaban la reforma del artículo 150 del Código Integral Penal (COIP), que menciona las causales no punibles de un aborto, la aprobación se quedó a cinco votos. Para Vera, esta decisión sigue criminalizando a niñas de escasos recursos que no pueden acceder a un procedimiento que para alguien con dinero es cuestión de ir a un centro de salud o clínica privada para practicarse una interrupción del embarazo.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, analizados por Surkuna, 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019. Precisamente esos casos son los que se querían evitar con la reforma. “Nadie les está obligando a que aborten, la intención es que puedan tener opción”, dice Vera y menciona que hay que dejar a un lado las religiones y pensar que en un Estado laico debe primar el enfoque de DD.HH.
En el mundo
En palabras de la directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Elsie Monge, la decisión de la Asamblea es “aberrante”, pues mantiene la doble victimización a las mujeres y niñas que, de inicio, ya sufren un trauma por una violación y luego tienen que enfrentarse a la justicia por abortar. La activista sostiene que el país se ha quedado atrás porque en otros estados de Latinoamérica, por lo menos, la causal por violación ya se ha legalizado con ciertos parámetros.

“Me sorprende todo el escándalo que se hace por algo así o por el matrimonio igualitario, cuando existe un caso como el de Furukawa, donde la mayoría de gente vive en miseria y eso no nos inmuta”, dice.

En países como Cuba, Colombia, Chile, Uruguay y Argentina, las mujeres pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con diferentes parámetros. En Uruguay se ha podido notar un cambio relevante en la mortalidad materna, pues este indicador bajó de 2,3 de cada 10.000 embarazos, en la década del 90, a 1,5 cada 10.000 en 2008. (PCV)

Fuente: lahora.com.ec

Visitas de hoy: 0
Total de visitas: 10928