En la Comisión que trata el tema, mucho tachan la propuesta de Rivadeneira como inconstitucional.

La propuesta de reforma a la Ley de la Función Legislativa para que si un asambleísta falta sin justificación al 40% de sesiones al mes, tanto del Pleno como de las comisiones, sea causal de destitución, aún no logra consenso en la Comisión de Participación Ciudadana, donde se tramita el proyecto.

Gabriela Rivadeneira (PAIS), presidenta de la Asamblea y proponente de esta iniciativa, argumentó que es una forma de presionar para que haya la participación permanente de los legisladores y lograr mayor disciplina. “Da mucho dolor cómo diferentes representantes de sus provincias no participan”, dijo Rivadeneira.

Johanna Cedeño (PAIS), presidenta de la Comisión, argumento, sin embargo, que se está discutiendo la constitucionalidad de la sanción, por lo que se invitará a especialistas en la materia para que den sus aportes. “Hay propuestas diferentes. Algunos coincidimos en que es totalmente constitucional (…), hay otros que dicen que no es constitucional y que lo que se podría hacer es una sanción de carácter administrativo que podría repercutir directamente en el sueldo”, dijo Cedeño.

Entre las alternativas que se analizan como sanciones es que quien falte más de 40% al mes podría perder toda la remuneración que le corresponde en ese periodo o que sea suspendido un mes.

Los criterios

Mae Montaño (CREO), integrante de la Comisión, reconoce que es un tema difícil de resolver ya que, como lo plantea Rivadeneira, es, para ella, inconstitucional. Su criterio es que debe existir una sanción económica pero primero se tiene que resolver qué tipo de certificaciones se presentan para justificar una ausencia.

“No es posible que un asambleísta que nunca viene gane sueldo o que mande su suplente que gane por sesión mientras que el asambleísta que no viene gane todos los beneficios”, opinó Montaño.

Para Gabriela Díaz (Avanza), si bien es criticable el tema de las faltas y los atrasos, no puede ser causal de destitución ya que la presencia en la Legislatura obedece a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Se tiene que analizar el tema jurídicamente y buscar alternativas. Pero es también parte de la ética del asambleísta, de su responsabilidad personal y su pueblo lo juzgará”, acotó la legisladora. Y se mostró partidaria de aplicar una sanción económica más fuerte.

Fuente: LA HORA

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