La instrucción fiscal del caso durará hasta el próximo 16 de agosto.

La Fiscalía solicitó a Panamá información de empresas domiciliadas en ese país y que pudieran tener alguna relación con Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y sus familiares.

Lo hizo a través de Asistencia Penal Internacional y dentro de la instrucción fiscal que, por tráfico de influencias, se dictó contra el exfuncionario, el pasado 16 de mayo.

Pero esa no es la única diligencia en el proceso. La Fiscalía también pidió a la Superintendencia de Compañías datos de cuatro empresas que contrataron con Petroecuador. Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) le requirió la historia laboral de los familiares de Bravo, y al Registro Civil requirió los datos de filiación de sus familiares.

La investigación se inició el 9 de mayo. Siete días después, la jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, dictó la prisión del exgerente y dispuso que la cumpla en la cárcel 4 de Quito. También dispuso la prohibición de enajenar sus bienes y el bloqueo de sus cuentas. La investigación se cumplirá hasta el próximo 16 de agosto.

Durante la formulación de cargos, el fiscal del caso, Franklin Bravo, exhibió los elementos de convicción que involucran al exfuncionario. Él habría participado en procesos precontractuales y actos administrativos que estarían vinculados de forma directa con tres empresas en las que son accionistas o trabajan sus familiares.

Según el fiscal, sus acciones habrían apuntado a utilizar el patrimonio y los recursos de Petroecuador en favor de terceros relacionados por vínculos familiares y de amistad.

¿Quiénes se beneficiaron? Según la Fiscalía, una empresa de servicios en la que trabajaban cinco familiares habría obtenido 85 contratos, uno por 35 millones de dólares.

Una segunda empresa habría accedido a 57 contratos, uno con la Refinería Estatal Esmeraldas. En esta empresa, afirmó la Fiscalía, trabaja la hermana y el padrastro. Este último sería director de empresas constituidas en Panamá.

Un tercer grupo ha sido y es proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016, por montos superiores a los 85 millones.

El día de su detención el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, insistió en que Bravo no era un funcionario político, sino de carrera. Esa carrera en Petroecuador inició el 1 de junio de 2006, seis meses antes de la posesión del presidente Rafael Correa. En esa dependencia ocupó diferentes cargos hasta ser gerente general. Abandonó la estatal el 14 de abril de 2016.

Todo eso deberá probarse con las nuevas diligencias. MCV

Fuente: EXPRESO