La Contraloría del Estado emitió un informe, cerrado a junio de 2014, que revela la situación de TC Televisión, canal incautado a los hermanos Isaías y que se prometió vender hace ocho años.

El actual político opositor, vinculado hoy al Partido Sociedad Patriótica, Fernando Balda, destapó el inicio de esta novela de TV cuando era parte de Alianza PAIS, haciendo pública una grabación: “¿Pero estás seguro que hay participación accionaria de los Isaías?… ja,ja,ja… mira si por eso podemos ser miembros del directorio…ja,ja,ja”. Así se escuchaba cómo le decía el presidente Rafael Correa a Carlos Bravo, por entonces titular de la AGD, poco después de haberle ordenado la incautación de TC y cientos de bienes de sus exdueños, en una conversación que habría sido grabada por Balda en Carondelet.

‘Mal administrador’

Poco después de las incautaciones, Correa en una sabatina afirmó que se iban a vender los canales en seis meses y agregó: “Sabemos que el Estado es un mal administrador, peor la AGD, entonces pueden perder valor comercial. Incluso he dado la orden que se mantengan los anteriores administradores con un auditor de la AGD para que no se altere la administración de esos bienes”. Ni lo uno ni lo otro sucedió.

Primera alerta

El 9 de junio de 2014, la empresa Cadena Ecuatoriana de Televisión CA canal 10, razón social de TC, fue declarada inactiva por la Superintendencia de Compañías, por no cumplir con la Ley de Compañías. La empresa no entregó a tiempo los informes de balances de 2012 y 2013, ni los del gerente, del comisario, tampoco los informes de auditoría, nómina de administradores, estados financieros, cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, también por esos dos años.

Esta es la primera vez, desde que se constituyó TC en 1968, que fue sancionada de esta forma. Aquella demora, que fue subsanada posteriormente, también fue motivo de observaciones de la Contraloría que realizó un examen especial a la administración de TC en el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2014. Todo ese tiempo bajo el control del Gobierno.

Este informe fue aprobado por la Contraloría el 26 de mayo de 2015 y “sus recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio”, se lee en la comunicación dirigida al Gerente de TC.

Sobre la demora en los balances, Contraloría concluye que “la compañía no cumplió con la presentación de estados financieros e informes dentro de los plazos de la Ley de Compañías…”.

El Gerente explicó: “La demora se debió al retraso en la contratación de las auditorías por parte de la Secretaría Técnica del Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad”.

¿Público o privado?

En TC no querían la auditoría de Contraloría. El argumento de sus directivos fue que esta empresa era privada y no estaba sujeta a auditores del Estado. En contra de su voluntad, los auditores realizaron informes porque este canal fue incautado en 2008 y desde entonces su administración depende del Gobierno. Sus acciones pasaron al Estado, representado en la Junta del Fideicomiso AGD CFN No más Impunidad.

El hermano rico

La Contraloría detectó que TC se convirtió en un ‘gran hermano’ que solventaba necesidades de sus ‘hermanos pobres’, entiéndase el grupo de otros medios incautados.

TC, según el informe, prestó dinero a Gama TV-Teledos S.A., Uminasa, Cablevisión, Radio Bolívar, Organización Radial, América Visión, Radio La Prensa, Prepesa y Rapasa. Las cuentas por cobrar ascendieron a USD 5’694.096, siendo su principal acreedor Gama TV, con USD 2,6 millones.

¿Por qué se hicieron estos préstamos? A solicitud de un miembro de la Secretaría Técnica del Fideicomiso, ya que “al ser parte del mismo Fideicomiso, la finalidad de los préstamos fue apoyar la gestión administrativa mediante el desembolso de recursos provenientes de utilidades no repartidas de años anteriores”, se lee en el informe.
En el caso de CableVisión, ese apoyo no trajo buenos resultados. El pasado 15 de enero, la señal de CableDeportes salió del aire sin mayor explicación.

Al 30 de junio de 2014, el saldo neto a favor de TC por sus préstamos era de USD 5,6 millones y la Contraloría observó que para estos desembolsos no hubo autorizaciones de la Junta de Accionistas ni garantías. “Además, no se evidencia un control adecuado por parte del Director Financiero Administrativo, en razón que los pagarés presentados como respaldo se encuentran vencidos”. Como hecho subsecuente, se renovaron las garantías.
¿Quién es el dueño?

En TC existen directivos y trabajadores cuyas remuneraciones son mayores al límite impuesto por el Mandato Constituyente 2 (25 salarios básicos), por lo que la compañía canceló en exceso USD 706.439.

La Contraloría pidió una explicación al Gerente . Y su respuesta fue que “TC no es público y el Mandato es inaplicable”. La Contraloría estuvo en desacuerdo. “Desde la fecha de su incautación, la compañía pasó a ser una empresa del Estado a través de un fideicomiso, es así que el 88,70% del paquete accionario corresponde al Fideicomiso Mercantil AGD CFN No más Impunidad-Medios”, explica el informe del auditor que concluye que los gerentes “cancelaron de más a 12 directivos y trabajadores de la compañía USD 706.439 por remuneraciones”.

Sueldos y bonos

Se pagaron bonificaciones adicionales durante 2012, 2013, 2014 en más USD 166.921, por concepto de Remuneración Adicional Variable, que beneficiaron a 15 empleados entre gerentes, directores y animadores. Varios de ellos dieron explicaciones a la Contraloría: una presentadora y la directora de Producción y Programación dijeron que “no se les notificó que la empresa sea estatal por lo que sus derechos rigen bajo el Código del Trabajo”. Ciertos gerentes mencionaron que sus remuneraciones “se basan en su buen desempeño”. Nada de esto convenció a la Contraloría, que recomendó establecer una política salarial con límites establecidos en la Ley.

¿Utilidades en los público?

La Contraloría recuerda el artículo 328 de la Constitución que dice que “en las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades”. Pero desde que fue incautado TC, en 2008, hasta 2013, se pagaron USD 4’760.305 por concepto del 10% de participación de utilidades y el 5% de cargas familiares, con un promedio de 500 trabajadores cada año.

Algunos en nómina que recibieron las utilidades constan como accionistas, como parte de la compra del 12% del paquete accionario en el año 2011, adjudicado por la Junta del Fideicomiso, de los cuales se debió descontar el 20% del 10% de las utilidades de los trabajadores para el pago del crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional. Ese descuento no se dio, indica el informe.

Una vez más, el Gerente explicó, en comunicación enviada a Contraloría el 18 de septiembre de 2014, que las utilidades se pagaron porque son privados. A criterio del gerente, el Ministerio del Trabajo al realizar el control del pago de utilidades no observó la procedencia del mismo. Ese concepto, en efecto, expone el Director Regional del Trabajo que en comunicación sin fecha explica que “Canal 10 TC es de clase comercial privada. Que el hecho de haber sido incautada y trasladada a la extinta AGD no quiere decir que sus fondos provengan del Estado y que se haya convertido en una empresa pública…”

A Contraloría nunca le convenció ese argumento. Por eso dispone al Director Administrativo Financiero “que en los años venideros no se calcule ni pague participación de los trabajadores en las utilidades”. No se sabe si esa recomendación fue acogida.

La compañía pasó a ser una empresa del Estado a través de un fideicomiso” Informe de Contraloría.

Cifras
2,6 millones sería la deuda de GamaTV con TC.
70 millones fue el valor calculado de TC.

El Dato
El canal fue incautado por el Gobierno en julio de 2008.

Fuente: Diario La Hora