Alrededor del 70 % de todas las localidades dentro del Estado de Israel -las tierras palestinas ocupadas en 1948- son “sólo para judíos”; y a los ciudadanos árabes del país les están prohibidos vivir en ellas. Esta ha sido la política sostenida por las autoridades desde el establecimiento del Estado de Israel en tierras palestinas. Los medios y métodos pueden haber cambiado, pero la meta de Israel no lo ha hecho; esto es, el establecimiento de ciudades “libres de árabes”, que sean exclusivamente para aquellas personas consideradas de “etnia judía”, con el fin de establecer paulatinamente una sociedad enteramente judía. No se trata de una discriminación ordinaria en favor de un grupo de ciudadanos; esto es apartheid en estado puro. A pesar de este hecho obvio, esta es una cuestión que la comunidad internacional prefiere no abordar, y por lo tanto, Israel continúa saliéndose con la suya.

La llamada Autoridad Territorial de Israel administra el 94% de las que fueron las tierras palestinas de 1948, en nombre de tres “propietarios” principales: Primero, el Estado de Israel, que reclama la propiedad del 69 % de la tierra de 1948, heredada del gobierno del Mandato Británico, la cual se considera incautada porque se alegó que no tenía dueños o simplemente fue confiscada. El segundo “propietario” es la Autoridad de Desarrollo, que reclama el 12% de la tierra del país, una tierra que le fue entregada porque pertenecía a personas “ausentes”; en otras palabras, porque eran propiedades que pertenecían a los palestinos que fueron limpiados étnicamente. El tercero es el Fondo Nacional Judío, que “posee” el 13% de la tierra. Un pequeño porcentaje de la tierra del FNJ fue incautado o comprado por el Fondo años antes de la creación del Estado de Israel. Sin embargo, la mayor parte de ella consiste en tierras que pertenecían a palestinos expulsados de sus hogares en 1948, que luego fueron entregadas al FNJ como un regalo del gobierno de Israel después de que el Estado judío fuera establecido, como parte de lo que se conoce como el “Acuerdo del Primer Millón” y el “Acuerdo del Segundo Millón”.

La tierra propiedad del FNJ se usa solamente en beneficio de los judíos; para construir ciudades judías y para la implementación de proyectos que tengan que ver con el judaísmo. Cuando se dice que la tierra es propiedad del Fondo Nacional Judío, la Autoridad de la Tierra de Israel está designando explícitamente esa tierra como propiedad de judíos, que no puede ser vendida o arrendada a quienes no lo sean. Esto se basa en la afirmación de que el Fondo Nacional Judío es una “compañía privada” cuyo estatuto prohíbe la venta o arrendamiento de sus propias tierras a los no judíos. Además, cuando se dice que la tierra pertenece al Estado de Israel o a la Autoridad para el Desarrollo, la Autoridad de Territorial de Israel recurre a medios tortuosos y engañosos para lograr el mismo objetivo.