Samuel Espinoza, de 82 años, tenía 32 cuando llegó a vivir a un departamento en el bloque 1 de las casas colectivas de las calles Gómez Rendón, Calicuchima, avenida del Ejército y José Mascote, en el centro-sur de la ciudad. Así cuenta su hijo Ricardo, quien ocupa otra pieza en la misma casa colectiva.
Ricardo Espinoza exhibe antiguos papeles escritos a máquina para demostrar que su progenitor sí pagaba el valor de arrendamiento al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dueño del inmueble donde hay cuatro bloques.
Ante la problemática de inseguridad y microtráfico que existe en este lugar, el gobernador Julio César Quiñónez anunció el lunes pasado su intención de reemplazar la estructura habitacional por un centro médico del IESS.
Los habitantes que utilizan las casas colectivas manifiestan que no tener a dónde ir, ni cómo pagar deudas por alquiler y servicios básicos. Ya que el pago de la deuda acumulada es la condición que el Gobierno ha propuesto para que puedan accedan a una reubicación, luego de aplicar un censo.
Aurelio Cedeño, especialista en temas de inquilinato, refiere que el pago por la vía judicial no puede restringirse. Considera que los moradores debieron cumplir su obligación sin interrupción alguna y así llevar al día las tasas de arriendo.
El lunes, en rueda de prensa, Juliet Erazo, directora provincial del IESS, indicó que hasta la fecha no ha existido un acercamiento de los vecinos con la entidad para conocer el estado de sus deudas.
El jurista Julio Arévalo menciona que, según el art. 30 de la Ley de Inquilinato vigente, el IESS deberá citar legalmente a los habitantes de las colectivas con una solicitud de desahucio para lograr la desocupación del inmueble, en caso de que proceda a demoler el lugar por la obra de un centro médico.
Fuente: Diario El Universo

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