La asambleísta Alexandra Ocles  estuvo a cargo de la apertura del evento “Quilombo 2016”, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay en Montevideo, cuyo eje temático fue el racismo institucional a propósito del mes de la afrodescendencia.

El racismo institucional es una de las expresiones discriminatorias más sutiles adaptadas a lo “políticamente correcto” y por tanto, fácilmente aceptadas por la sociedad, de ahí la necesidad de combatirlas desde el estado a través de leyes y políticas públicas, aseveró la legisladora.

Igualmente, sostuvo que en Ecuador el 7,2% de la población se autoidentifica como afrodescendiente, lo cual equivale a más de 1 millón de personas, y si bien durante la última década se ha evidenciado un significativo incremento en su acceso a servicios como salud, educación y vivienda, el cumplimiento de sus derechos y su participación política, aún queda mucho por hacer para erradicar el racismo.

Para enfrentar esta realidad, señaló la legisladora Alexandra Ocles, en el 2009 el Jefe de Estado de Ecuador firmó el decreto 60, o “Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural”. Este es un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas orientadas a superar estas deficiencias sociales, priorizando las áreas de intervención para el combate a la discriminación y sus secuelas de pobreza, desigualdad y exclusión social en las víctimas (afroecuatorianos e indígenas) basándose en acciones afirmativas, a lo que se suma el Decreto Ejecutivo 915 de Cumplimiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

Para ello, dijo, se creó la figura de los consejos de igualdad, responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en la ley; formular, observar y dar seguimiento a las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidad y movilidad humana.

Así mismo, destacó la apertura hacia la etnoeducación afroecuatoriana, así como la aplicación de la Ley de Comunicación, que en su artículo 62 prohíbe “la difusión de contenidos discriminatorios que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes que constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio.”

Tanto en la experiencia uruguaya como en la ecuatoriana, se han logrado avances importantes durante la última década con políticas y leyes implementadas por gobiernos progresistas, pese a lo cual a diario los afrodescendientes siguen viviendo situaciones de discriminación en todos los ámbitos de la vida social.

Finalmente, expresó que uno de los mayores retos de las comunidades afrodescendientes, es reivindicar la igualdad en el ámbito de la construcción y aplicación de la política pública en la región, luchando por una representación política visible y realizadora, que contribuya a que “podamos escalar en la pirámide de la democracia racial, ubicándonos en cada uno de sus espacios y no solo en la base, haciéndola verdaderamente democrática”.

Fuente: Asamblea Nacional