Al parecer, el Gobierno Nacional buscará una alternativa para cubrir los sueldos del personal de salud que durante las últimas semanas venían desarrollando plantones para exigir las remuneraciones que estaban pendientes.

La noche del miércoles, el presidente de la República Lenín Moreno dispuso a través del Decreto Ejecutivo 1137 “la recaudación anticipada del Impuesto a la Renta (IR) con cargo al ejercicio fiscal 2020”.

La disposición tiene como finalidad cubrir los principales valores pendientes de pago al sector salud, así como también las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia COVID-19.

Desde la Cámara de Comercio de Machala existen reparos ante esta nueva medida que adoptó el Ejecutivo. El ingeniero Jorge Valle Espinosa, su presidente, dijo que es “lamentable” y que están en total desacuerdo en el cobro del IR y aranceles que les quieren “imponer” a todos los sectores.

“Esto es secuestrar la liquidez de los sectores productivos, mediante impuestos anticipados, basados en supuesta utilidad contable. Cuando bien se puede saber que en plena crisis no hubo un flujo normal de dinero. Y para empeorar las cosas, estos pagaderos son inmediatamente hasta el 11 de septiembre”, expresó Valle, quien agrega que esto sería un “atropello” económico al sector productivo.

El presidente mencionó que es importante saber que si hay ingresos mayores a los 5 millones por parte de la Pymes, en el 2019 de por sí ya existe una utilidad contable y que técnicamente hay un anticipo del impuesto a la renta enorme “ya que se lo calcula en función de restar las retenciones y que es alrededor del 85%”.

Valle explicó que harán un frente de lucha en conjunto con el resto de cámaras del país, y que enviarán los oficios correspondientes al presidente y demás ministros que tienen que ver con este decreto. “Si bien es cierto van a afectar a las compañías grandes, pero el Gobierno hace mal en tratar de enfocarse para cobrar más impuestos y sacarle más plata al sector productivo. Más bien debería reducir los impuestos para que se incrementen los negocios para que hayan más empleos formales”, subrayó.

En cambio, Gustavo Febres Cordero, presidente de la Cámara de Industrias de El Oro, manifiesta que esta medida anunciada por el primer mandatario, no afectaría a las pequeñas y medianas empresas que representan a la gran parte del aparato productivo del país.

El portavoz dijo que en El Oro existe un grupo considerable que tienen ganancias por encima de los 5 millones, y que en ese grupo están bananeros, camaroneros y el sector de la minería, entre otros.

“Imagínese que si ese impuesto anticipado va dirigido para las pequeñas y medianas empresas, quedarían en la incapacidad de producir más”, manifestó Febres Cordero, mediante contacto telefónico con este medio.

De acuerdo al artículo 4 del decreto, se señala que estarán obligados al pago anticipado de IR las personas naturales y sociedades, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes que: obtengan ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia; que en el ejercicio fiscal 2019 hayan tenido ingresos brutos en un monto igual o superior a cinco millones de dólares; y para los que hayan obtenido utilidades contables entre enero y julio de 2020, excluyendo los ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia.

Para el cálculo del monto a pagar se debe calcular el 85% de la utilidad contable por el 25% y de allí restar las retenciones a la fuente de impuesto a la renta asociadas a las operaciones efectuadas del 1 al 31 de julio de este año.

La liquidación y el pago anticipado se tendrán que hacer hasta el 11 de septiembre de 2020 y no será susceptible de facilidades de pago. Si se paga luego de esta fecha también se deberán cancelar los respectivos intereses.

En el documento se establece que no están obligados de hacerlo los sujetos pasivos: que sean micro, pequeña o mediana empresa, aquellos que la totalidad de ingresos del 2020 estén exento del pago de IR de acuerdo a la ley, quienes tengan su domicilio tributario principal en Galápagos, “su actividad económica corresponda a la operación de líneas aéreas o a sectores de turismo”, al sector agrícola, o sea exportador habitual de bienes, si el 50% de sus ingresos corresponden a exportación de bienes o que la actividad económica sea del sector acuícola”.

Fuente: diariocorreo.com.ec