Para no dilatar más el asunto, la oposición adelantó que votará ‘sí’, en cuanto llegue a la Asamblea Nacional, el pedido de vinculación del vicepresidente Jorge Glas al expediente que aglutina en miles de páginas las irregularidades cometidas en la contratación con Odebrecht.

Según las especificaciones del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, la inclusión del despojado de funciones ‘número dos’ del Gobierno tiene que pasar primero por la aprobación legislativa. La llave maestra del proceso penal queda en manos del bloque oficialista, una vez que los representantes de la oposición confirmaron ayer el apoyo al procesamiento. EXPRESO recoge sus reacciones ante la decisión de la Fiscalía y el panorama venidero.

De los 91 votos necesarios, la bancada opositora suma 64 y necesita que 27 oficialistas apuesten también por el esclarecimiento en las responsabilidades relacionadas con la trama de corrupción. El presidente de la Asamblea, José Serrano, se mostró dispuesto a cumplir con el trámite. “Hemos conocido información anunciada por el fiscal general en torno al vicepresidente, tan pronto sea presentada en la Asamblea será procesada”, publicó en un mensaje en Twitter.

También Glas animó a sus coidearios a favorecer el pase del trámite asambleario.

Pero rápidamente aparecieron voces discordantes sobre la necesidad de condicionar la vinculación del vicepresidente a la aprobación de la Asamblea.

El jurista Enrique Herrería, exmagistrado del Tribunal Constitucional y exdirector del Observatorio de Derechos y Justicia, acude a la ley para apuntalar el equívoco jurídico de solicitar aprobación a la Asamblea antes de incluir a Glas en el proceso penal.

Herrería recuerda que el Código Orgánico Integral Penal establece, en su artículo 589, que hay tres etapas procesales: la instrucción, la evaluación y preparatoria del juicio y el juicio. Dicho esto, remite al 120 numeral 10 de la Constitución sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea, entre las que se encuentra la de “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República”.

Según la literalidad de las normas, es innecesaria la autorización legislativa en la etapa de instrucción, que es en la que se encuentra el caso Odebrecht al que se quiere vincular a Glas.

Y en esto coincide con Herrería el exvicepresidente y también jurista León Roldós Aguilera. “La instrucción no constituye acusación ni enjuiciamiento penal, sino solo trabajar sobre indicios para establecer si se convierten en elementos de convicción”, dijo Roldós en un comunicado, donde también precisaba que la Fiscalía podía, después de la instrucción, decidir si acusaba o no al susodicho.

Bajo este análisis, el trámite en la Asamblea, innecesario conforme a la legislación, solo serviría para dilatar una vinculación que, en voz de asambleístas opositores, se ha hecho esperar demasiado