Expreso

La controvertida constructora brasileña ideó una fórmula de negocio y contabilidad que más tarde resultó letal. Odebrecht no solo sobornó a políticos, funcionarios y abogados durante años para lograr contratos, sino que además otorgó a las coimas un carácter orgánico y corporativo. Las consecuencias de operar con una ‘Caja B’, pero con registro documental contable, saturan los juzgados y remueven la política por la escandalosa corrupción de cientos de figuras destacadas en las esferas de poder en 12 naciones, entre ellas Ecuador.

Odebrecht ha manejado aquí operaciones por, al menos, $ 5.135 millones en continuadas contrataciones con siete de los diez últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Quedaron al margen de la multinacional brasileña los mandatos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Dieciocho personajes afloran por el momento en los papeles de la corrupción de Odebrecht dentro de la interminable lista de protagonistas que han desfilado por los siete gobiernos ecuatorianos relacionados con la compañía. Se identifican por seudónimos, sobre un centenar de páginas con apuntes a mano que pertenecen a la ‘Caja B’ de la constructora brasileña. En la documentación que maneja este periódico figura también el pago a una campaña, sin que hasta el momento haya podido determinarse cuál, y un listado de más de 500 beneficiarios que incluye los 18 señalados en Ecuador. El resto son de Brasil y Perú.

‘Secreto 1’, ‘Secreto 2’, ‘Grosso’, ‘Matraca’, ‘Banco’, ‘Nipón’, ‘Luzes’, ‘Chanceller’… son algunos de los sobrenombres usados como clave en las comprometidas listas para registrar el pago de sobornos. Estos apodos de políticos, funcionarios y abogados fueron escogidos en secreto por empleados de confianza de Odebrecht según los rasgos físicos, de personalidad o el perfil profesional de los sobornados.

Pero no todo fue destruido. O casi nada. Concepción Andrade, entonces veinteañera y funcionaria de Odebrecht, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación Lava Jato, cuyos representantes confirmaron a EXPRESO la autenticidad de la documentación que maneja en su investigación. Y que hoy saca, por primera vez, a la luz.

El rastro documental que dejó Odebrecht en el país comienza con el Trasvase de Santa Elena, obra de 1987, y concluye en los últimos proyectos de la Revolución Ciudadana. Los seis primeros gobiernos de la lista de siete, desde el socialcristiano hasta el de Alfredo Palacio, adjudicaron a la constructora brasileña siete contratos por valor de 1.357 millones de dólares. Si bien el de la Revolución Ciudadana, el último, frenó finalmente las operaciones con Odebrecht tras los escándalos, ha sido el Gobierno de mayor relación con la constructora: ocho adjudicaciones de obra que suman 1.638 millones de dólares más en contratos que sus seis antecesores juntos.

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