Peculado es el nuevo caso. Hay seis procesados, entre ellos Carlos Pareja Yannuzzelli.

La lista de irregularidades y causantes crece a diario. Ahora, peculado es el nuevo delito adjudicado a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos del gobierno de Rafael Correa.

La semana pasada, el exfuncionario fue vinculado al expediente por presunta delincuencia organizada. También es procesado por supuesto cohecho y enriquecimiento ilícito, derivados de la presunta corrupción registrada en la empresa estatal.

En el cuarto proceso se investiga su paso por la gerencia de refinación de la Refinería de Esmeraldas. La instrucción fiscal tomará 90 días.

La acusación se fundamenta en un informe de Contraloría que establece indicios de responsabilidad penal en contra de Pareja y otros exfuncionarios. También habría anomalías en el contrato para la recuperación de condensados (vapores) en la Refinería, según la formulación de cargos del fiscal, Oswaldo Carvajal.

A más de Pareja son indagados Héctor Robalino, exgerente de Logística, Carlos Quinde, superintendente de la refinería, José Castillo, administrador del contrato, el fiscalizador de Worley Parsons, Raymond Falcón y el contratista Jorge Vivar.

Para Pareja -fuera del país desde el 28 de septiembre de 2016- y Falcón -estadounidense fuera del Ecuador hace más de seis meses- el juez Fabricio Carrasco dictó prisión preventiva solicitada por el fiscal.

Para el resto de procesados se dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente.

El fiscal explicó que, según sus conclusiones, cuando Pareja estuvo en la gerencia de refinación, ningún contrato de hasta 50 millones de dólares se adjudicaba sin su venia y la de Falcón. Caso contrario se declaraban nulos.

El caso de la recuperación de condensados, como otros suscritos bajo la modalidad del giro específico del negocio, también sumó críticas. Carvajal cuestionó que dicho contrato se adjudicó sin criterios técnicos y sin tomar en cuenta la experiencia. Además, el presupuesto referencial para la obra era de 23’390.640 dólares, pero la adjudicación final fue de más de 27 millones de dólares.

El fiscal aseguró que el informe de evaluación de Falcón, de la firma Worley Parsons, no demostró análisis de precios unitarios, ni ingeniería básica conceptual, ni de detalle. Pese a ello se recomendó su contratación. El negocio se selló el 1 de abril de 2015.

En la ejecución también hubo anomalías, según el fiscal. El contratista Jorge Vivar no cumplió, por ejemplo, con el cronograma de la oferta desde la planilla uno a la ocho. La novedad no fue reportada por la fiscalizadora.

Del otro lado se cuestionó la velocidad de acción del fiscal. En dos días habría leído más de 4.000 hojas de investigación previa. Antes de Carvajal, su colega Juan Carlos Zúñiga dijo haber leído más de 13.000 páginas en cuatro días y, con esa información, acusó a otros 18 sospechosos de cohecho. Él reemplazó a Jacinto Tibanlombo que fue suspendido por el Consejo de la Judicatura por abstenerse de acusar a seis personas.

Emiliano Donoso, defensor de Falcón, aseguró que Carvajal no conoce el tema. El abogado afirmó que en la audiencia se relató una historia muy general de lo que supuestamente estuvo mal. Pidió se rechace la formulación de cargos e indicó que al contratista se le adeudan ocho millones de dólares y por eso la obra está paralizada.

Gustavo Gaete y Juan Carlos Burbano, patrocinadores de Pareja, defendieron como viable la contratación bajo la modalidad del giro específico del negocio.

 

Delitos
Peculado

En el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, vigente desde agosto de 2014, existen al menos siete incisos para castigar el peculado. El primero sanciona con prisión de entre 10 y 13 años para los funcionarios públicos.

Enriquecimiento

El Código Penal castiga al enriquecimiento con prisión de entre siete y 10 años. Ese es uno de los delitos investigados en el caso Petroecuador. El exgerente Álex Bravo es sospechoso. Hoy, a las 11:00, será la audiencia preparatoria de juicio.

Cohecho

El cohecho tiene una pena de cinco a siete años. La semana pasada, la jueza Karen Matamoros llamó a juicio a 18 personas acusadas del presunto delito. Carlos Pareja y Álex Bravo son dos de los enjuiciados.

Fuente: El Expreso