Hasta la próxima semana, los 20 sentenciados en el caso Sobornos tienen plazo para cancelar la reparación económica que fue dispuesta por la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

A más de la pena que deberán cumplir por haber sido declarados o autores mediatos, autores directos, coautores o cómplices del delito de cohecho pasivo agravado, tienen que pagar una reparación integral, ofrecer disculpas públicas y seguir un curso de ética.

El pasado 23 de septiembre empezó a ejecutarse la pena. Se dispuso que los pagos se hagan dentro de los 30 días posteriores y la Procuraduría General del Estado es la entidad encargada del tema.

Los sentenciados en calidad de autores y coautores deberán pagar una indemnización de $ 778.224,o17, mientras que los cómplices $ 368.632,43. En total $ 14’745.297,16.

La Procuraduría solicitó al Ministerio de Economía, el 24 de septiembre, la creación de una cuenta para que el Estado reciba ese dinero; esta se halla en el Banco Central del Ecuador (BCE). Lleva el nombre de “Proceso N.17721-2019-00029G, Caso Sobornos 2012-2016. Reparación integral que deberán pagar los sentenciados por delito de cohecho en cumplimiento de las sentencias de fechas 26 de abril de 2020, 22 de julio de 2020 y 8 de septiembre de 2020”.

En esa cuenta se depositarán todos los valores que los sentenciados entreguen para el cumplimiento de la obligación y los montos que se recuperen dentro del proceso.

Este Diario consultó a la Procuraduría sobre cómo marchan los depósitos. Respondió que los sentenciados deben informar al Tribunal de la CNJ cuando hayan realizado la transferencia del monto de reparación integral. Por su parte, el Tribunal mediante providencia lo dará a conocer a los demás sujetos procesales.

La Procuraduría sostuvo que el tribunal, mediante providencia del 6 de octubre, concedió el plazo de 30 días para el pago del monto de la indemnización que concluye el 5 de noviembre.

“En caso de incumplimiento, la Procuraduría iniciará las acciones de ejecución para el cobro a través de la Unidad de Recuperación creada para el efecto”, explicó.

El BCE prefirió no referirse a las cuentas que administra por estar bajo sigilo.

Al menos tres personas de los sentenciados anunciaron su intención de pagar. Uno de ellos es el empresario Rafael Córdova. Pablo Encalada, su abogado, dijo que van a esperar al proceso de ejecución.

“La Procuraduría no se ha pronunciado sobre nuestro llamado a conversar para ver la fórmula de pago. No hay el dinero en efectivo para hacerlo (…), de momento lo que quiere es responder con los bienes que tiene para no llegar a la insolvencia”, acotó Encalada.

¿Qué pasa con el curso de ética y las disculpas públicas? A inicios de este mes, la Procuraduría consultó a la Contraloría General del Estado respecto a la posibilidad de que la Dirección Nacional de Capacitación de esa entidad pública imparta el curso.

Sin embargo, la Contraloría contestó que esa dirección se limita a gestionar la capacitación de los servidores públicos y de entidades de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

La capacitación será por 300 horas académicas sobre ética laica y transparencia en la administración pública.
En relación con las disculpas públicas en la Plaza Grande y con la colocación de una placa en el Palacio de Carondelet, el tribunal de la CNJ señalará el día y la hora, oportunamente conforme lo había indicado en su sentencia del pasado 23 de septiembre, sostuvo en un comunicado la Procuraduría.

La placa dirá: “Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad con sujeción a los principios de la ética”. El texto irá en español y en quichua.

FUENTE: eluniverso.com