El tratamiento del proyecto de Ley para regular a las empresas que prestan el servicio de medicina prepagada se tornó difícil para el bloque oficialista y en particular para la Comisión de Salud, que trabaja en esa normativa.

El martes pasado, el Pleno estaba convocado para continuar el tratamiento de esta normativa y, según declaraciones dadas un día antes por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, solo se esperaban las últimas conclusiones para entrar a la votación “de tal manera que tendremos una nueva Ley de medicina prepagada en Ecuador”.

Sin embargo, ese mismo martes se comunicó a los legisladores que la continuación de la sesión estaba suspendida sin dar fecha de cuándo se la retomaría. William Garzón (PAIS), presidente de la Comisión, aseguró que todavía se están analizando algunas propuestas que llevaron más tiempo del estipulado para concretar el segundo debate.

Sin embargo, las críticas al informe puesto en consideración del Pleno nacen desde sus propios coidearios, específicamente de Pamela Falconí, quien presentó el proyecto de Ley.

La legisladora aseguró que la Comisión no recogió las observaciones planteadas y que en algunos casos eliminó aspectos positivos que constaban en el informe para primer debate.
Los detalles

Uno de ellos es lo relacionado con los precios, ya que, según Falconí, se estaría dejando a discrecionalidad de actuarios independientes que elaboren las normas técnicas para que la Autoridad Sanitaria Nacional las apruebe.

“Esto no puede suceder. Pongo un ejemplo: si estas empresas llegaran a triangular con las mismas empresas de medicina prepagada, cómo puede la Autoridad Sanitaria determinar si es justo el precio que están cobrando. La misma Ley contempla que las empresas de medicina prepagada tienen que calificar a estos actuarios, pero no queda claro cómo van a estipular los precios”, dijo Falconí.

Agregó que en el informe para primer debate se establecía que los precios referenciales se fijarían a partir del tarifario que tiene la Autoridad Sanitaria.

Sin embargo, Garzón respondió que los precios deberían ser establecidos por la empresa privada con base en un estudio actuarial de un tercero para que la Autoridad Sanitaria regule y apruebe esos precios bajo algunos parámetros. “En el primer debate se colocó y malinterpretó que el Estado quería regular los precios y esa no es la intención de la Ley”, justificó el Presidente de la Mesa de Salud. (HCR)

El ámbito de cobertura

° Otro punto polémico es el tema de la cobertura. En el informe para primer debate constaba, entre otras, coberturas en caso de adicciones o enfermedades mentales, temas que no están en el informe para segundo debate.

“Los asesores de la Comisión adujeron que no hay la suficiente cantidad de clínicas. Ese no es nuestro problema, nosotros tenemos que legislar en base a un problema de salud pública, que nos dice que hay ciudadanos que tienen adicciones, que tienen que ser tratados; enfermedades mentales que tienen que ser cubiertas”, dijo la legisladora Pamela Falconí.

William Garzón aseguró que el proyecto recoge aspectos importantes como recuperar derechos que han sido vulnerados actualmente, como derecho a la información, a un contrato transparente, derecho a la no restricción de cobertura por tema de edad o preexistencia de una enfermedad.

CIFRAS
97 asambleístas tienen PAIS actualmente.

DATO
En varios proyectos han mostrado niveles de desacuerdo los oficialistas.

Fuente: LA HORA