El gobierno de facto de Bolivia destituyó el pasado miércoles al ministro de Salud, Marcelo Navajas, después de que fuese arrestado por su posible implicación en un escándalo por la compra de ventiladores mecánicos para los hospitales públicos, en la que presuntamente se habría pagado un sobreprecio, para hacer frente a la crisis sanitaria desatada por la epidemia de coronavirus.

Así, tanto el ministro, como todos los funcionarios implicados, han sido apartados mientras se lleva a cabo la investigación para determinar si existen responsabilidades penales en un caso que involucra a una empresa española, que fue la proveedora del material sanitario, según informó la ministra de Comunicación boliviana, Isabel Fernández. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Quiénes están siendo investigados?

El 19 de mayo fueron arrestados el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco, justo un día antes de que lo fuera el titular de Sanidad.

Además, según han comunicado desde el Ejecutivo, se estaría investigando a otros funcionarios implicados que, de momento, han sido separados de sus responsabilidades.

¿Y la empresa proveedora?

Las autoridades bolivianas han anunciado el inicio de un proceso contra la empresa española IME Consulting Global Services, responsable de la venta del equipamiento. “Vamos a iniciar un proceso en contra de esta empresa solicitando una conciliación de cuentas respeto al precio referencial del equipamiento”, informó desde La Paz este jueves el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

Coímbra también informó de que el Gobierno boliviano va a requerir a través del Ministerio Público “su cooperación con el Ministerio Público español para que haga un cuestionario a la empresa” y conocer cuál es la situación legal de esta compañía en España.

La compra de los respiradores, que además se ha demostrado que no son adecuados para atender a los pacientes de covid-19 ingresados en UCI, se realizó con un sobrecoste de alrededor del 300 %.

¿Cómo surgió el escándalo?

El pasado fin de semana, profesionales sanitarios denunciaron que los respiradores adquiridos no servían para asistir a los enfermos con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales bolivianos, a donde iban destinados.

Enseguida comenzaron las acusaciones de que se había pagado un sobreprecio para su adquisición. La administración boliviana pagó 28.080 dólares (aproximadamente 25.770 euros) por cada unidad y posteriormente se conoció que esos equipos se comercializaban por 9.500 y 11.000 euros.

¿Cómo se compraron y pagaron los respiradores?

Los 170 respiradores objeto de la investigación fueron adquiridos por el Ministerio de Sanidad a través de dos intermediarios bolivianos, en una operación respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la presidenta de facto, Jeanine Áñez, el contrato de los equipos sanitarios investigado era por un importe de 4.773.600 dólares (4,38 millones de euros), de los que se han llegado a abonar casi la mitad, 2.028.780 dólares (1,86 millones de euros). Además, la mandataria anunció que ha ordenado que no se pague el resto del saldo pendiente.

¿Cuáles han sido las reacciones políticas?

El 19 de mayo, día de las primeras detenciones, Áñez se mostró “muy indignada y molesta por la posible corrupción”, asegurando que trabajará “para que cada centavo que se hubiera robado sea devuelto”. “He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga“, afirmó la presidenta de facto en un mensaje a la nación.

Por su parte, el expresidente boliviano, Evo Morales, también se manifestó al respecto de este escándalo el jueves, pidiendo que el gobierno de facto “transparente información en torno a las donaciones, créditos y dinero del BCB [Banco Central de Bolivia] recibidos para la lucha contra el coronavirus” y “el destino que el comité de alto nivel, formado por Áñez, dio a estos recursos”.

La gestión de Áñez también ha levantado las críticas de Carlos Mesa, uno de los principales candidatos para la Presidencia del país: “Es poco serio que la presidenta se entere de lo que pasa en su gobierno por las redes sociales”, dijo el pasado día 20.

La gestión de las autoridades bolivianas está siendo escrutada no solo por sus implicaciones sanitarias, sino porque se está desarrollando en medio de un ciclo electoral.

Tras el golpe de Estado contra Evo Morales de noviembre de 2019, el país estaba llamado a celebrar unos comicios nacionales este mes de mayo, pero la expansión de la pandemia ha hecho que la fecha de las elecciones se retrase, en principio, como mucho hasta septiembre, aunque todavía no se ha concretado.

En esa cita con las urnas los principales candidatos serán Luis Arce, ministro de Economía de Evo Morales y artífice de su crecimiento económico, que las encuestas encumbraban a la primera posición antes de la cuarentena; y Carlos Mesa, Jeanine Áñez y Juan Fernando Camacho, tres políticos que luchan por un electorado similar.

Desde que empezó el brote de coronavirus en el país se han detectado 5.187 casos positivos (45 por cada 100.000 habitantes) y 215 fallecimientos por covid-19. A nivel nacional se decretó la cuarentena el 21 de marzo.

Fuente: actualidad.rt.com