Luego de un 2019 de fracasos en la implantación de medidas de austeridad (subsidio a los combustibles) y problemas para concretar cambios legales sustanciales en materia económica, en este año, el Gobierno tiene la meta de enviar, a más tardar hasta junio, tres proyectos de reformas estructurales a la Asamblea.

En primer lugar, a finales de febrero, se presentará el paquete de modificaciones al Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El objetivo es establecer reglas más estrictas para el manejo presupuestario. Así, por ejemplo, se establecerá que solo se podrá modificar en un máximo de 5% los montos de la proforma tramitada en el Legislativo. Actualmente se lo realiza, a discreción del Ejecutivo, hasta un 15%.

También se incluirán cambios para el manejo y el registro de la deuda pública; aunque se mantendrá el límite legal del 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

En segundo lugar, a finales de abril, se enviarán las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. En este caso, las principales metas son devolver la autonomía completa al Banco Central del Ecuador (BCE), impedir definitivamente que vuelva a ser prestamista del Gobierno y reimplantar el sistema de cuatro balances para transparentar y asegurar un manejo técnico de las reservas internacionales.

Asimismo, se busca establecer una normativa más moderna para el control y la regulación del sistema financiero.

Estos dos proyectos fueron parte de la llamada Ley de Crecimiento Económico, la que fue negada y archivada por la Asamblea el 17 de noviembre del año pasado. Las principales críticas apuntaban, de acuerdo con Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, a que el presidente Lenín Moreno mantenía la potestad, sin contrapesos, de elegir a los miembros del directorio del BCE.

Además, se le mermaban facultades de supervisión y sanción a los organismos de control; al tiempo que se mantenía la figura de una Junta de Regulación Financiera, también designada por el Ejecutivo.
Más proyectos

Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), dijo que no es normal que, a pesar de estar dolarizados, con una moneda fuerte y unos bancos sólidos tengamos un sistema financiero de los menos competitivos de América Latina. “Tenemos una arquitectura monetaria y financiera caduca, constituida por unas normas hechas para minimizar al sistema financiero y controlar desde el Gobierno absolutamente todo”, añadió.

Finalmente, la tercera reforma estructural, dentro del acuerdo recalibrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene que ver con la presentación -hasta finales de junio- de una Ley Anticorrupción. Uno de los aspectos más importantes de esta normativa será el establecimiento de la obligatoriedad de que todas las empresas públicas presenten balances y cuentas avaladas por auditoría externa. (JS)

Reforma laboral sin fecha definida 

Esteban Ferro, viceministro de Economía, explicó que la reforma Laboral no está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero es importante para darle competitividad al país.

A pesar de que todavía no hay una fecha definida para su presentación, desde el Ministerio de Economía se confirmó que sí está dentro de los temas a concretarse en este 2020. Sin embargo, al ser un año preelectoral, solo se plantearían cambios puntuales y la reforma estructural quedaría para el próximo Gobierno.

Esas variantes irían en la línea de reducir las modalidades de contratación (actualmente 28) y dar impulso al contrato a plazo fijo, para emprendimiento, entre otros.

 

Fuente: lahora.com.ec