Declara su territorio libre de explotación minera para proteger el agua. El Gobierno cuestiona la validez jurídica de su decisión.

La defensa del agua es el principal argumento que llevó al Concejo Cantonal de Cuenca a declarar a su territorio “libre de minería metálica”. La declaratoria, de siete puntos, con 12 votos a favor y cuatro en contra, fue calificada de demagógica por el Gobierno.

Las autoridades municipales, en cambio, defienden su decisión en los riesgos que conlleva para el agua de Cuenca la explotación de dos proyectos mineros concesionados: el Loma Larga y Río Blanco. Afectarían, indicó el alcalde Marcelo Cabrera, a fuentes hídricas subterráneas de los nacimientos de los ríos que abastecen a la ciudad. Para el Gobierno, la decisión pretende “tapar el mal manejo del proyecto tranviario de Cuenca” por parte del alcalde Cabrera.

En septiembre del 2016 se firmó un convenio con las universidades de Cuenca y del Azuay (UDA) para hacer estudios mineros en Río Blanco y Loma Larga y determinar si afectan las fuentes hídricas, pero las empresas concesionarias, según el alcalde, no han permitido el ingreso de los investigadores a las zonas mineras. Y eso lo conocen los ministerios del Ambiente y Minería, mediante oficios del 3 y 28 de octubre y 12 de diciembre de 2016, sin que hasta la fecha haya una respuesta oficial.

Se trata de yacimientos de oro, plata y cobre, que entre las concesionadas y las que están por concesionarse, cubre una superficie de 77.215 hectáreas, lo que representa cerca del 25 % del territorio de Cuenca.

Explicó Cabrera que la compañía INV Metals, concesionaria de Loma Larga (7.960 hectáreas), en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, ha solicitado la concesión de 8 hectáreas más en Molleturo y Sayausí. La minera Net Mining Resources ha pedido cinco concesiones (19.523 ha) en Molleturo, y la firma Ruta del Cobre, a cargo del proyecto Ruta del Cobre, en Chaucha, otras dos (4.755 ha). La empresa Explorumiñahui también ha pedido dos concesiones mineras, que se encuentran en trámite, localizadas en Chaucha, con 5.880 hectáreas.

La gobernadora del Azuay, María Augusta Muñoz, reaccionó con “malestar e indignación” porque con esta polémica “se trate de forma premeditada de confundir el tema de la política minera que ha sido manejada de manera responsable y cumpliendo con los parámetros técnicos y legales”. Según Muñoz, el alcalde y concejales muchas veces han sido invitados a reuniones y a visitar las zonas mineras e insiste en que existe apertura para el ingreso a las zonas concesionadas, “pero programando de manera conjunta”.

De su lado, el ministro de Minería, Javier Córdova, recordó que en septiembre pasado se entregaron los estudios y que se han recorrido los proyectos con las universidades. Además, desde el ministerio se envió un boletín que cuestionaba la validez jurídica de la declaratoria, ya que la competencia sobre recursos mineros no corresponde a los municipios.

Fuente: El Expreso