El Gobierno no da su brazo a torcer. Las autoridades insisten en que la Unión Nacional de Educadores (UNE) incumplió la ley. Por eso, la organización gremial corre el riesgo de desaparecer.

El colectivo tiene plazo hasta el 10 de agosto, para cumplir con los requisitos legales que permiten su registro como organización no gubernamental, dijo ayer Augusto Espinosa, ministro de Educación.

Según la versión oficial, en mayo de 2014, la UNE envió una solicitud de registro de su directiva a la Subsecretaría de Educación. El ministro dijo que ese mismo mes se notificó al gremio que debía cumplir con una serie de requisitos legales para que pueda registrar su directiva y que, además, debía cumplir sus propios estatutos.

La Unión no lo hizo y ahora, a decir de Espinosa, se enfrenta a una posible disolución. “Nadie está al margen de la ley”, puntualizó.

“Lo único que debe hacer la UNE es cumplir con lo que se le pidió hace dos años y medio, y que se le insistió hace un mes, si cumple con los requisitos no tendrá ningún problema. Si no lo hace, la Subsecretaría los eliminará del registro”.

La versión del ministro contradice lo afirmado por la presidenta de la UNE, Rosana Palacios. Ella defiende su elección, en mayo pasado, y dice que el 30 de junio entregó todos los documentos que exige la normativa. “Tienen las copias de cédula y firmas de los asistentes. Los que han incumplido son ellos, porque no nos han respondido”, dijo Palacios el 21 de julio, un día después de ser notificada con el inicio del proceso de disolución.

Por ahora, la defensa de la UNE trabaja en la respuesta que darán a la Subsecretaría el mismo día que vence el plazo para entregar las pruebas de descargo.

Ciro Guzmán, uno de los abogados, explicó a EXPRESO que no conocen con certeza cuál es la norma que supuestamente infringió la UNE.

Por eso, el documento de la defensa estará direccionado a pedir a las autoridades de educación una explicación más detallada.

FUENTE: Epreso

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