Freddy Carrión, defensor del pueblo, dice que Finanzas debe cumplir con el pago inmediato de las remuneraciones, por orden judicial.

Ante la falta de garantías laborales, los médicos posgradistas dejaron de ir a los hospitales -en los que han trabajado hasta 36 horas seguidas para contener la pandemia del Covid-19- y protestaron, recibiendo incluso represión policial.

Pero las manifestaciones iniciaron el lunes, con los estudiantes universitarios recorriendo las calles del Centro Histórico, en Quito, molestos por los cerca de $100 millones que se reducirán del presupuesto de la educación pública superior.

A las jornadas se sumaron los maestros. Aquellos que no saben cómo pagar el internet para dar clases, porque el sueldo no ha llegado desde hace más de dos meses, según detalla la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Esta semana, ha estado protagonizada por plantones y manifestaciones de diferentes gremios; los mismos que salieron a protestar en mayo, en junio, en julio y en agosto sin recibir una respuesta estatal.

Prioridad de pagos

Freddy Carrión, defensor del pueblo, indica que desde abril han exhortado al Gobierno para que cancele los sueldos de los servidores públicos.

Pero no todos están impagos. “A unos les paga (el Gobierno) de forma puntual, como a la Fuerza Pública (militares y policías), con la finalidad de mantenerlos contentos y no tener ningún tipo de inconvenientes. En cambio, el resto de funcionarios tienen que ponerse a la cola”, dice Carrión.

El primero de septiembre, el juez Carlos Fuentes concedió la acción de protección que interpuso la Defensoría del Pueblo por el atraso en el pago de los salarios en el sector público.

En el veredicto se determinó que hubo vulneración de derechos y se ordenó el pago de sueldos atrasados de los 450.000 trabajadores públicos del país. Aunque el pedido se debía cumplir de inmediato, Carrión señala que esto no ha pasado. Al faltar a esta acción, la Corte Constitucional podría iniciar acciones de destitución contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por “incumplimiento de una autoridad legítima”, menciona Carrión, quien dice que están dando seguimiento a que el Estado brinde garantías a médicos, docentes y otros empelados públicos.  (AVV)

Las manifestaciones son por los problemas que tiene el país: atrasos en pagos a maestros, falta de atención a trabajadores de la salud, problemas en la educación virtual. (Protestar) es la única manera de ser escuchados por el Gobierno”. Freddy Carrión, defensor del pueblo.

Ambigua situación laboral de médicos posgradistas no es nueva

En Ecuador, la Norma Técnica para Unidades Asistenciales Docentes y la Norma Técnica para la Formación en Especializaciones Médicas y Odontológicas regulan la formación de los médicos a nivel nacional. La segunda, “prohíbe de manera taxativa que el residente posgradista, estudiante de posgrado o posgradista trabaje de forma privada durante su proceso de formación”. Por lo que mientras estudian no pueden trabajar de forma privada; sin embargo, en el sector público no reciben sueldo, ni afiliación al seguro médico, pero sí tienen las responsabilidades de los médicos generales.

Los pedidos de reformar la Ley y reconocer a los médicos en proceso de especialización llevan más de tres años. Y la Ley Humanitaria aprobada este año daba ‘aliento’, ya que dispone que “las y los médicos que, durante la emergencia de Covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales”.

Esto debía cumplirse hace más de un mes. Por eso, los profesionales paralizaron sus actividades hasta que haya un acuerdo formal.

Proveedores del Estado

Hasta el Ministerio de Trabajo llegaron con pitos y carteles los miembros de las empresas de guardianía, insumos médicos, servicios de limpieza, tecnología, entre otros, exigiendo el cumplimiento de pagos.

Marco Leguízamo, representante de la Plataforma de Proveedores del Estado, dijo que desde el Ministerio de Trabajo se han emitido multas a las empresas por diversos incumplimientos (están debiendo décimos a sus empleados o no han podido pagarles los desahucios), que se han dado justamente por la falta de pago del Estado.

Concentración nacional

“En todo el país nos movilizamos: docentes, estudiantes, trabajadores, médicos, comerciantes, profesionales, enfermeras, artistas”, dijo Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) refiriéndose al plantón nacional que se realizó ayer en 13 ciudades.

A ellos los acompañaron el Frente Unitario de Trabajadores, denunciando “falta de protección estatal” para quienes han perdido su empleo durante la crisis sanitaria. Al momento, desde el Ministerio del Trabajo se ha reportado 538.108 actas de finiquito, de ellas, 366.000 fueron desde marzo hasta septiembre.

Fuente: Lahora.com.ec