El Parque Industrial de Cuenca se mueve a menos del 50 % de su capacidad de acuerdo con las previsiones de los industriales, mientras los comercios de la ciudad permanecen cerrados. La falta de producción ha generado ya una crisis económica, una enfermedad con una receta del Gobierno Nacional que no convence.

Diego Malo, presidente del directorio de la Cámara de Industrias, Productividad y Empleo (CIPEM) indica que las medidas planteadas por el Gobierno no cuentan con el respaldo total del sector, y lamenta que el Ejecutivo se apoye mayormente en la empresa privada para resolver un problema del sector público.

“No estamos en contra de aportar para salir del problema, pero creemos que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para asumir la crisis”, indica el directivo, quien también es economista y parte de los sectores afectados por la paralización de la producción.

La Cámara de Comercio apunta también a lo local. Su presidente ejecutivo, Jaime Moreno, sostiene que más allá de las medidas anunciadas por el Ministerio de Finanzas, los gobiernos autónomos deben ir pensando en acciones locales para enfrentar la crisis.

En la otra orilla, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) sostiene que las medidas son “anti populares y nocivas para la salud física y económica de los ecuatorianos”, sostiene Estalin Endara, representante del gremio en el Azuay.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), indicó que en el Azuay se han dado al menos 150 despidos en los últimos días según denuncias recibidas por el gremio, que considera que el número de desempleados puede incrementarse.

Cifras de las Cámaras de Producción a nivel nacional estiman que unas 500.000 personas pueden entrar al desempleo este año y unas 230.000 engrosarán las filas del subempleo en el país.

Propuestas

La CIPEM pide que la mayor parte del aporte para la emergencia sanitaria no provenga del sector privado, sino del Gobierno.

Para esto solicita frenar los impuestos, reducir la burocracia, mayor austeridad del Estado, liquidar las empresas públicas ineficientes, focalizar los subsidios a los combustibles, reformas laborales, inyección de liquidez a las empresas, y defender la dolarización, explica Malo.

Los gremios de trabajadores apuntan, por su parte, a la moratoria de la deuda externa, ampliar la cobertura humanitaria, cobrar impuestos a las empresas morosas, fortalecer el seguro de desempleo, suspender el pago de servicios básicos por tres meses, prohibir los despidos e inyectar liquidez a la pequeña y mediana empresa.

El legislador Juan Cristóbal Lloret indicó que por el momento no hay un acuerdo en la Asamblea Nacional para apoyar el proyecto de reformas del Gobierno y hace críticas a un modelo que considera “es lo contrario a lo que necesita el país” para salir adelante. (JMM)-(I)

Fuente: elmercurio.com.ec