Desde el 3 de marzo del año pasado el grupo español Albacora mantiene una demanda con el Estado ecuatoriano por no menos de $ 20 millones.

La queja fue presentada ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral).

Esto, según un informe de la Procuradoría General del Estado (PGE) sobre los casos activos en los que interviene; en la lista están, además, Chevron, Burlington, Perenco, y otros.

El grupo internacional, ligado a Salica, una conservera que opera en Posorja desde 1991; además es accionista de la empresa DP World Investment, firma creada con el fin de acceder a través de la Ley de Alianzas Público-Privadas a la concesión del puerto de aguas profundas de Posorja, cuyo contrato fue firmado el lunes pasado en el Palacio de Carondelet.

Roberto Dunn, director ejecutivo de Nobis, explicó a este Diario, en una entrevista en febrero pasado, que DP World y Nobis poseen el 85% de la empresa, el 10% es de Albacora y el 5% de Fadesa. Añadió que Ignacio Lachaga, presidente del grupo español, fue el promotor del puerto en 2006 e invitó a Nobis y Fadesa al proyecto.

Según la PGE, la firma europea reclama que “el Estado ecuatoriano violó los derechos concedidos en el Tratado Ecuador España al negar ciertas exenciones tributarias a las que las empresas tenían derecho como usuarias y de una Zona Franca, en virtud de la Ley de Zonas Francas”.

Por su parte, el Estado se mantiene en que “no existe violación… ya que la administración tributaria (SRI) simplemente ha aplicado la normativa tributaria vigente al momento de aprobación de empresas usuarias de Zona Franca”.

Según el informe de la PGE, el 4 de abril pasado se realizó una notificación de arbitraje y ahora “se están definiendo los aspectos procesales y la conformación del Tribunal Arbitral”.

A criterio de Ignacio Vidal, experto en derecho societario, la empresa no estaría incapacitada de celebrar un contrato de concesión con el Estado por haber demandado. “Si esta empresa fuese deudora o incumplida con el Estado sí habría un impedimento”, manifestó.

Otro especialista, Miguel Macías Carmigniani, sostuvo que no existe una normativa expresa en la Ley de Contratación Pública que impida a la empresa recibir la concesión, aunque indicó que se debe revisar el contrato suscrito entre DP World y el Gobierno para conocer las limitaciones. Opinó que es “contraproducente” que una de las empresas que van a realizar una obra tan importantes tenga demandado al Estado e indicó que podría generarse un “conflicto de intereses”.

Este Diario envió un pedido de información a través de correo electrónico a Salica, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (I)

Fuente: EL UNIVERSO