Las pruebas de cargo y descargo en el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, podrán ingresar hasta hoy a la Comisión de Fiscalización. Después, los 13 legisladores analizarán si los elementos incorporados al proceso son suficientes para que el juicio pase al Pleno o no.

Sin embargo, en las lecturas iniciales varios asambleístas afirman que las pruebas de cargo y los interpelantes han estado “muy flojos”. Además, que durante la comparecencia de Romo, una presentación que en los pasillos ha recibido el calificativo de cátedra, se habrían desvanecido algunas causales en su contra.

Por eso, a pesar de que los interpelantes Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y la correísta Amapola Naranjo sostienen que existen elementos suficientes para que la funcionaria sea censurada y destituida, los miembros de la Comisión aseveran que es necesario revisar si las acusaciones corresponden a un supuesto incumplimiento de las funciones que por Ley corresponden al Ministerio de Gobierno.

Pocas comparecencias 
Una vez que terminaron las comparecencias, los asambleístas analizan las pruebas que ingresaron. Esto debido a que, por un lado, algunas que se presentaron como de cargo, “parecerían de descargo”, según Fausto Terán. Allí constan, por ejemplo, las declaraciones del Director General de Operaciones de la Policía Nacional y los integrantes del Servicio Aeropolicial.

Además de que algunas personas llamadas a entregar información contra Romo no acudieron; de las 17 comparecencias solicitadas, únicamente seis se efectuaron pues los funcionarios y otros actores se excusaron.

Y, de esas seis, la mayoría corresponde a los policías que defendieron la legalidad de las acciones de Romo sobre el uso de un helicóptero para trasladarse a Esmeraldas durante el feriado de Carnaval, pues la funcionaria tiene una alta calificación de riesgo.

Sin embargo, esa es una parte de las pruebas, el resto consta en documentos que podrán ingresar hasta hoy, como una auditoría de Contraloría sobre el uso del helicóptero.
Sin sustento
“Hay algunas cosas que hay que analizar. No es que todo está bien”, sostiene el legislador Fausto Terán. Él, así como Ángel Gende (BIN), Eliseo Azuero (BADI) y Luis Pachala (CREO), miembros de la Mesa, cree que hay acusaciones que podrían quedar sin fundamento.

Así, algunos coinciden en que no era función de la ministra actuar en el caso del femicidio de Diana Carolina, suceso que conmocionó a Ibarra a inicios de año, puesto que ella no debía dar órdenes a la Policía sobre cómo manejar el caso, ya que para eso existen procedimientos establecidos.

También en que la ministra desvirtuó su responsabilidad en el manejo de la crisis carcelaria, debido a que, como dijo Romo, desde hace 37 años esa no es una competencia del Ministerio de Gobierno. “Tenemos que ponderar la información para tomar una decisión”, aseveró Azuero.

Los votos todavía no están definidos y no se conocerán hasta el día en que la Comisión sesione para pronunciarse a favor o en contra. Sin embargo, los interpelantes creen que existe un “compromiso de proteger” a Romo, pues según Naranjo, la mayoría son gobiernistas. (AGO)

Fuente: lahora.com.ec

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