Los informes de Contraloría detectan pagos sin sustento, valores duplicados o contratos innecesarios. La Fiscalía no aclara el destino dado a los expedientes.

El perjuicio a Petroecuador es considerable. Más de 113 millones de dólares por pagos sin sustento, contratos complementarios innecesarios, servicio cancelado no ejecutado, no evaluación de precios o valores duplicados.

Lo estableció la Contraloría tras practicar 16 exámenes especiales a contrataciones y pagos efectuados por la estatal. También hizo 12 auditorías a las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios y encontró montos no justificados.

Los sospechosos son supervisores, coordinadores y administradores de contratos, subgerentes de proyectos, fiscalizadores, gerentes de refinación, jefes de servicios administrativos, subgerentes de compras, entre otros funcionarios.

¿Qué delitos se presumen? Según el organismo de control, los examinados son sospechosos de presunto peculado. Es la figura penal que más se repite en los documentos. El delito se tipifica en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se castiga con cárcel de entre 10 y 13 años.

El examen se practicó a las contrataciones y pagos de la estatal entre 2010 y 2016, períodos en los cuales los exgerentes Álex Bravo (detenido) y Carlos Pareja Yannuzzelli (prófugo) ocuparon cargos en la estatal. La Contraloría reportó lo detectado a la Fiscalía General, entre mayo y octubre del año pasado.

En las conclusiones de los informes se aprecia que, por ejemplo, en la contratación de “servicios de limpieza, fumigación, lavado, desinfectado, planchado y arreglos menores de ropa de trabajo” en la Amazonía, los empleados que hicieron las especificaciones técnicas fijaron el presupuesto, sugirieron y conformaron la Comisión técnica. Es decir, hicieron las reglas y decidieron quién era el contratista.

Como adelantó EXPRESO el viernes, los funcionarios aceptaron como tiempo de experiencia contratos no ejecutados, admitieron certificados no válidos y declaraciones de Impuesto a la Renta diferentes a las presentadas ante el Servicios de Rentas Internas (SRI).

En otro documento se muestra un contrato complementario para la fiscalización y gerenciamiento del programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. En este caso se agregaron pagos a pesar de que ya estaban considerados en el contrato principal.

Contraloría menciona a 12 funcionarios. Entre ellos Pareja y Bravo.

En la contratación de la rehabilitación del sistema eléctrico e instrumentación de la Refinería de Esmeraldas se registraron valores duplicados. Hubo, también, transferencias a cuentas que no eran de los beneficiarios.

Fuente: El Expreso