Los miembros del frente en Guayas firmaron una declaración de apoyo

Los que son y no son. Todos los funcionarios públicos actuales y futuros, incluidos los de elección popular, no deberán tener recursos económicos en paraísos fiscales si quieren ejercer sus cargos. Es lo que busca la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa y esto incluye a los funcionarios involucrados en los Panamá Papers.

Desde el frente Unidos, en Guayas, hay diferentes visiones sobre el destino de estos funcionarios en el caso de comprobarse sus vínculos con paraísos fiscales. Alberto Arias, asambleísta y dirigente del movimiento Conduce, cree que deberían renunciar. “Este proceso es para todos”, comentó. Su colega legisladora y directora del movimiento Alianza PAIS en Guayas, Marcela Aguiñaga, prefiere dejar esa decisión al presidente, siempre que la investigación de la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional verifique la información extraída del estudio jurídico Mossack Fonseca.

Los nombres de Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos (renunció); Álex Bravo, exgerente de Petroecuador (detenido); y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, (aún en el cargo) son los que recientemente aparecieron en la filtración de documentos. También están los del fiscal general, Galo Chiriboga; el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado y Javier Molina.

De momento, la pregunta para la consulta popular fue presentada a la Corte Constitucional. Según Aguiñaga, esta tiene 20 días para emitir su dictamen de constitucionalidad.

El pedido sumó ayer el apoyo del frente Unidos en Guayas. Sus miembros firmaron una declaración en la que se suscriben al llamado pacto ético convocado por el presidente.

No obstante, el movimiento Centro Democrático Nacional marca su criterio. Su secretario general, Sebastián Romero, considera que solo los ecuatorianos que utilicen los paraísos fiscales para evadir impuestos no deben pertenecer a la función pública. La mayoría del frente considera que debe incluir a todos los que tienen recursos en paraísos fiscales.

Son 14.373 millones de dólares los que han salido del país en 5 años de 200 grupos económicos, dijo Aguiñaga citando al SRI. Que la consulta es un tema de moralidad más que de legalidad, comentó. AAE

Los que son y no son. Todos los funcionarios públicos actuales y futuros, incluidos los de elección popular, no deberán tener recursos económicos en paraísos fiscales si quieren ejercer sus cargos. Es lo que busca la consulta popular planteada por el presidente Rafael Correa y esto incluye a los funcionarios involucrados en los Panama Papers.

Desde el frente Unidos, en Guayas, hay diferentes visiones sobre el destino de estos funcionarios en el caso de comprobarse sus vínculos con paraísos fiscales. Alberto Arias, asambleísta y dirigente del movimiento Conduce, cree que deberían renunciar. “Este proceso es para todos”, comentó. Su colega legisladora y directora del movimiento Alianza PAIS en Guayas, Marcela Aguiñaga, prefiere dejar esa decisión al presidente, siempre que la investigación de la Comisión de la Justicia de la Asamblea Nacional verifique la información extraída del estudio jurídico Mossack Fonseca.

Los nombres de Carlos Pareja, exministro de Hidrocarburos (renunció); Álex Bravo, exgerente de Petroecuador (detenido); y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, (aún en el cargo) son los que recientemente aparecieron en la filtración de documentos. También están los del fiscal general, Galo Chiriboga; el expresidente del Banco Central, Pedro Delgado y Javier Molina.

De momento, la pregunta para la consulta popular fue presentada a la Corte Constitucional. Según Aguiñaga, esta tiene 20 días para emitir su dictamen de constitucionalidad.

El pedido sumó ayer el apoyo del frente Unidos en Guayas. Sus miembros firmaron una declaración en la que se suscriben al llamado pacto ético convocado por el presidente.

No obstante, el movimiento Centro Democrático Nacional marca su criterio. Su secretario general, Sebastián Romero, considera que solo los ecuatorianos que utilicen los paraísos fiscales para evadir impuestos no deben pertenecer a la función pública. La mayoría del frente considera que debe incluir a todos los que tienen recursos en paraísos fiscales.

Son 14.373 millones de dólares los que han salido del país en 5 años de 200 grupos económicos, dijo Aguiñaga citando al SRI. Que la consulta es un tema de moralidad más que de legalidad, comentó.

Fuente: EXPRESO