50 años del modelo de terror “Operación Colombo”: un alerta de negacionismo, desapariciones y montajes

Se conmemoran este mes los 50 años del montaje denominado por la DINA Operación Colombo, y conocido como Lista de los 119. «Exterminados como ratas», tituló La Segunda el 24 de julio de 1975, como parte de una operación mediática internacional de guerra psicológica y preludio de la Operación Cóndor. La DINA buscaba aterrorizar a la población y culpar al MIR de asesinar a sus propios integrantes. Seleccionó para esa lista los nombres de miembros de la resistencia popular detenidos entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 2075 por quienes se habían presentado recursos de amparo. Entre ellos había 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, estudiante de servicio social en Temuco, embarazada) y 100 varones, todos luchadores antidictatoriales, 90 de ellos menores de 30 años, la mayoría miembros del MIR.  También había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.  En el grupo había parejas, hermanos, amigos y compañeros de partido; estudiantes, obreros, pobladores, profesionales, periodistas, actores y sastres. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Ángeles y Longaví. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la «Venda Sexy» o Cuatro Álamos.

Montajes de ayer y hoy

El Plan Nacional de Búsqueda los incluye, pues sus restos no han sido hallados, tal como ocurre hoy con Julia Chuñil, un caso que desmiente el Nunca Más. No hay un Plan de Búsqueda para la dirigente mapuche desaparecida hace casi 9 meses, y la justicia, hoy cuestionada por casos de corrupción y narcotráfico, no ha imputado ni formalizado ni abierto el juicio pese a pruebas presentadas por la familia acreditando un cuadro de amenazas por un poderoso empresario de la región, descendiente de colonos alemanes y actual dueño de la tierra recuperada por la defensora territorial. El ministerio público (fiscalía) sólo ha criminalizado a la familia de la víctima, como se hacía en años de dictadura, y el gobierno de Gabriel Boric denegó la acción urgente de búsqueda solicitada desde Ginebra por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, a instancias de CODEPU. Los medios de la prensa hegemónica hablaron de un “vuelco en el caso” tras el titular de  MegaVisión  del 5 de marzo de este año: “A 4 meses de su desaparición: Detectan sangre de Julia Chuñil en su casa e investigación apuntaría a núcleo familiar”, recogido por otros medios masivos. Ninguno de ellos rectificó la información, que era una filtración interesada y falsa, y no figura como prueba en la carpeta investigativa. Por ello la familia de Julia Chuñil apuntó  a la configuración de un montaje para intimidarlos, lograr que se inculpara Jeannette por la desaparición de su madre, y detener la campaña nacional e internacional por verdad y justicia que comenzó levantando la consigna histórica “¿Dónde está Julia Chuñil?”.

Conocido es el caso de la Operación Huracán. El modelo “Colombo” de noticias falsas, amparado en la impunidad de una justicia clasista, racista y patriarcal, no ha sido abandonado por cierta prensa ni por la propia policía, con vistas al desprestigio de las luchas de los pueblos y comunidades por sus derechos.

50 años de Impunidad

Junto a las tardías sentencias ya dictadas, a 50 años de los hechos aún hay 9 casos de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo sin sentencias definitivas aunque en tres casos hay sentencias de la Corte de Apelaciones (Arévalo, Alarcón, Cabezas) y en uno, de primera instancia (López). La deuda cincuentenaria de justicia es con los dirigentes poblacionales Víctor Arévalo (de Quilicura) y Gary Olmos (de La Bandera); Eduardo Alarcón (albañil de Las Rejas Sur); Antonio Cabezas (interventor en la textil Comandari), Bladimir Arias (mecánico de Quilicura), Ramón Núñez (estudiante de Control de Calidad en la USACH, de Renca), Juan Bautista Maturana (comerciante, dirigente poblacional en Pudahuel) , Edgardo Morales Chaparro (gásfiter, ex dirigente sindical del Ministerio de Vivienda) y Violeta López (dirigenta sindical y secretaria).

La pasada semana,  la Ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes,  emitió un fallo de primera instancia por Violeta López Díaz, militante del MIR, viuda, detenida el 29 de agosto de 1974. Desaparecida a los 40 años, tenía un hijo de 16 años, Ricardo, y una hija de 15, Rebeca. La sentencia condena como autores de su secuestro calificado, a Miguel Krassnoff, jefe de la Brigada Halcón de exterminio del MIR (diez años) y a tres guardias de Cuatro Alamos, Pedro Araneda y Manuel Avendaño (seis años) que cumplen otra condena en Colina, más Alejandro Astudillo (FACH), quien lo hace en Punta Peuco.

El fallo da cuenta del sobreseimiento definitivo de otros implicados, por fallecimiento:  Manuel Contreras (director de la DINA), Ricardo Lawrence (de la Brigada Águila 1 de cacería del MIR) y Orlando Manzo, de Gendarmería, jefe del centro clandestino de incomunicación y detención de Cuatro Álamos. Es la llamada “impunidad biológica”, término acuñado por el notable juez Alejandro Solís décadas atrás anunciando que ello ocurriría.

A comienzos de este año continuó en Cuatro Álamos un proceso de traspaso gradual del sitio a la Corporación 3 y 4 Álamos, como parte de un compromiso del actual gobierno   de convertirlo en un sitio de memoria. Pero aún continúa funcionando allí el centro de detención preventiva del ex Servicio Nacional de Menores, en condiciones descritas como deplorables para esos jóvenes.

Violeta López, una mujer de los años 70

Violeta era una artista comprometida, madre y mujer bella, trabajadora. Participó en la Asociación de Teatro de los Ferrocarriles, y también fue secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile en el Teatro Cariola. Era también dirigente sindical en Fábrica de Cecinas Loewer, del Area de Propiedad Social (intervenida por el Estado) donde había creado el grupo teatral Acquarius que más adelante funcionaría en su casa.  El 11 de septiembre fue detenida junto a otros once trabajadores y hostigada por varios días. En una oportunidad los uniformados la hicieron tragar bencina, amenazándola con prenderle fuego y hacer daño a sus hijos. Valiente y decidida, ella siguió adelante pero tras su nueva detención en su domicilio de San Miguel, sus hijos quedaron huérfanos. La denuncia para el recurso de amparo la puso el niño, Ricardo, en la Vicaría de la Solidaridad. Cuando buscaba a su madre en recintos policiales, los uniformados le respondían que se volviera a casa porque su madre lo había dejado botado. Siguió buscándola, desesperado y dejó los estudios. Se fue preso una y otra vez, según relata en una entrevista del diario La Nación en 2005, porque durante las noches de toque de queda salía a las calles a exigir el paradero de Violeta y luego insultaba a los uniformados. Desde ese año, junto a su hermana Rebeca es querellante en el proceso.

Entre quienes testimoniaron en el juicio están dos jóvenes integrantes de las juventudes Comunistas, Verónica Pareja y Rosa Narváez, quienes luego de ser sometidas a tortura político- sexual en Londres 38, fueron trasladadas a Cuatro Alamos. Relataron que su compañera de celda, Violeta López, les preguntó qué edad tenían, comentando “Yo tengo una hija de 15 años!” para luego cuestionar: “¡Cómo es posible que las tengan aquí!” Un día las niñas vieron que un guardia sacó de la celda a Violeta quien jamás regresó.  A la fecha también estaban secuestrados allí los padres y tres hijos de la familia Maturana Pérez, de militancia comunista. En el juicio, Jaime Maturana declaró haber visto a Violeta en Cuatro Alamos.  La reconoció “porque nosotros, al igual que ella, vivíamos en la calle Pedro Mira de la comuna de San Miguel”. El hermano de Jaime, Juan Bautista Maturana Pérez, comerciante, sacado de Cuatro Alamos sin que se supiera más de su rastro, está al igual que Violeta incluido en la Lista de los 119. Su hermano Washington también desapareció desde ese lugar.

Lucha contra la impunidad

La inmensa mayoría de las madres de los 119 fallecieron a lo largo de 5 décadas de búsqueda y lucha ante una justicia sorda.  Una sentencia a firme emitida en 2009 y jamás revisada, aplicó la prescripción total (amnistía) en el caso de la joven estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, Jacqueline Binfa. En septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) emitió una sentencia en la que ordena revisar y/o anular todas las reducciones de penas aplicadas por la Corte Suprema usando la media prescripción para dejar libres o con sólo 5 años y 1 día de prisión a los responsables de las desapariciones de 11 de los 119: Manuel Cortez (ex miembro del GAP original), Félix de la Jara (activista y estudiante de historia y geografía en la U de Chile), Julio Flores (estudiante de ingeniería en minas en la USACH de Antofagasta), Ofelio Lazo (carpintero, ex trabajador de la Corporación de Servicios Habitacionales CORHABIT), Pedro Merino (sastre y dirigente regional de las JJCC en la zona del carbón y Concepción), Sergio Montecinos (interventor de Aceros Franklin), Anselmo Radrigán (ingeniero, dirigente nacional del MIR y activista en las fábricas de Renca y Conchalí), Jaime Robotham (ex dirigente en Sociología de la U de Chile), Marcelo Salinas (cuadro político del MIR ligado al trabajo de Informaciones) y los miembros de una familia mirista Fernando Silva (decorador de interiores) y Claudio Silva (su hijo, estudiante de Biología en la U de Chile y miembro del trabajo de Informaciones del MIR).

Fuente: pressenza.com