Estado no percibiría alrededor de USD 181,78 millones por eliminación del impuesto a la salida de divisas para importación de combustibles
Este 18 de enero (pasado) de 2022, con Decreto Ejecutivo Nro. 327, el presidente Guillermo Lasso, anunció la eliminación total del impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para la importación de combustibles, incluidos los biocobustibles y el gas natural. Con la reducción del ISD de 4,75% a 0% para esta actividad, únicamente se elimina un posible ingreso para el fisco a cambio de incrementar el margen de ganancia para la empresa privada, sin que esto signifique ningún beneficio para el consumidor final, debido a los precios congelados para los derivados del petróleo como el diésel; las gasolinas extra y ecopaís y el gas de uso doméstico.
Tomando en cuenta que la política del Gobierno Nacional busca que el sector privado sea quien importe todos los combustibles que el mercado interno demanda, cuando esto se concrete y comparando con un escenario similar de importaciones al 2021 (enero-noviembre), el Estado no percibirá por concepto de ISD, un estimado de USD 181,78 millones, tal como podemos constatar en el siguiente cuadro:
Esta medida, sumada a la libre importación de combustibles para empresas privadas y al congelamiento con el incremento del 90% en el precio del diésel y del 45% para las gasolinas extra y ecopaís, evidencian el lucrativo negocio que significa para los grupos de poder la entrega de la importación y comercialización de los combustibles en el país.
Los trabajadores de la energía ya habíamos denunciado que la intención tanto de los gobiernos de Moreno como el de Lasso, nunca fue eliminar un supuesto subsidio a los combustibles y de esta manera aliviar la caja fiscal, sino que, por el contrario, el único fin que buscaban era hacer más lucrativo el negocio de la importación y comercialización de combustibles para el sector privado.
Además de los obvios privilegios en cuanto a impuestos, los privados que importen combustibles no deberán realizar inversiones o correr con ningún riesgo, pues se beneficiarán de la infraestructura ya instalada de Petroecuador, únicamente a cambio de una tarifa por su renta.mpresas privadas y al congelamiento con el incremento del 90% en el precio del diésel y del 45% para las gasolinas extra y ecopaís, evidencian el lucrativo negocio que significa para los grupos de poder la entrega de la importación y comercialización de los combustibles en el país.
Confirmamos de esta manera que no existe inversión extranjera o por parte de privados nacionales, sino un aprovechamiento de la inversión del Estado para un negocio privado, a costa del bolsillo de toda la población y la depreciación, costos de mantenimiento y responsabilidad ambiental por la operación de la infraestructura petrolera por parte de la estatal Petroecuador.
Fuente: Voces y Miradas de lo Comunes
