Treinta años después: La deuda pendiente entre promesas electorales y responsabilidad política
A finales del siglo pasado, en Bolivia, un grupo de jóvenes humanistas impulsó una campaña denominada Ley de Responsabilidad Política por el Incumplimiento de las Promesas Electorales. La propuesta partía de una idea sencilla pero profundamente democrática: si las autoridades eran elegidas sobre la base de promesas electorales, por lo tanto, compromisos públicos, debía existir también algún mecanismo que permitiera exigir responsabilidad cuando esos compromisos fueran incumplidos.
La campaña logró reunir cientos de miles de firmas de ciudadanos bolivianos que coincidían en la necesidad de fortalecer el control democrático sobre los representantes políticos. La propuesta buscaba abrir la posibilidad de revocar o concluir el mandato de aquellas autoridades que incumplieran de manera evidente las promesas realizadas durante el proceso electoral.
Las firmas fueron presentadas formalmente ante el Poder Legislativo de esa época, en un acto que representó un esfuerzo ciudadano significativo. Sin embargo, durante aquellas actividades no faltaron voces que calificaban esta iniciativa como ingenua, argumentando que una propuesta de esa naturaleza no prosperaría dentro de un sistema político que, si bien no era el mejor, se constituía en la expresión democrática de esta época.
Con el paso de los años, muchas de estas discusiones que entonces parecían inaplicables comenzaron a adquirir una nueva dimensión. La Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 incorporó mecanismos de democracia participativa y directa, como el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana y la revocatoria del mandato, ampliando las posibilidades de participación de la población en la vida política del país. Sin embargo, hasta la fecha estos mecanismos quedaron como simples declaraciones formales.
Hoy, en distintos espacios sociales, sindicales y políticos, vuelve a emerger un debate que atraviesa no solo a Bolivia, sino a muchas democracias contemporáneas: el incumplimiento de promesas electorales, la inconsistente contradicción entre el primer momento en campaña, donde se prometen soluciones que “salvarán a la patria” y la sacarán de modelos que solo se instalaron para destruirla, no es acompañado de ese segundo momento, en el que la traición a la población favorece ese creciente distanciamiento entre representantes y representados, evidenciando esa profunda crisis del sistema representativo.
Después de más de treinta años, no solo en Bolivia sino en gran parte de la región, aquella discusión sigue pendiente. El problema de fondo continúa sin resolverse, ese “segundo momento”, el de la ruptura entre el compromiso asumido y la acción de gobierno, permanece como una de las principales debilidades de las democracias contemporáneas. La ciudadanía vota sobre expectativas concretas, pero los sistemas políticos todavía carecen de mecanismos suficientemente eficaces para garantizar coherencia y responsabilidad frente a lo ofrecido durante las campañas electorales.
En este escenario, la crisis de representación se ha profundizado. En distintos países de la región, los partidos políticos han ido perdiendo progresivamente su base social, que otrora justificaba su existencia. Muchas de las estructuras partidarias que en otro tiempo representaban proyectos colectivos, sectores sociales o visiones ideológicas, hoy aparecen debilitadas, fragmentadas o alejadas de las bases ciudadanas.
En Bolivia, esta situación se expresa de manera particularmente visible en un fenómeno que, desde el lenguaje popular, comenzó a denominarse como el de los “taxi-partidos”: organizaciones políticas que ya no funcionan como espacios de representación social sostenidos por militancia, debate interno o construcción colectiva, sino como estructuras utilizadas circunstancialmente para viabilizar candidaturas. De este modo, las siglas partidarias dejan de ser instrumentos de articulación política y pasan, muchas veces, a convertirse en vehículos transitorios de acceso al poder. La relación entre ciudadanía y representación se debilita aún más cuando amplios sectores sociales perciben que la política deja de orientarse al interés común y comienza a funcionar bajo lógicas de privilegio, prebenda o beneficio para grupos reducidos.
Esto no solo afecta la imagen de los partidos políticos. También deteriora la confianza pública en la democracia como sistema de representación y participación. Cuando la población percibe que las promesas electorales son utilizadas únicamente como herramientas para obtener votos, mientras las decisiones posteriores responden a intereses distintos a los planteados durante las campañas, se profundiza la sensación de distanciamiento entre sociedad y poder político.
Por ello, el debate sobre la responsabilidad política frente al incumplimiento de promesas electorales no pertenece únicamente al pasado. Continúa siendo una discusión vigente y necesaria para el fortalecimiento democrático en Bolivia y en América Latina.
Más aún en un contexto donde la tecnología permite a la ciudadanía nuevas formas de participación y de decisión.
La discusión está hoy más vigente que nunca como lo está la necesidad de las poblaciones de una mayor transparencia y de mecanismos que permitan reconstruir la confianza entre representantes y representados.
Wilder Fabricio Pérez Mendizábal, Humanista.
Fuente: pressenza.com
