La verdadera «Odisea» del pueblo saharaui: normalización, silencio y economía del neocolonialismo
La reciente película “La Odisea”, de Christopher Nolan, aunque se presenta como una obra cinematográfica de indiscutible atractivo artístico gracias a una magnética deconstrucción temporal y a magníficas tomas panorámicas en 70 mm capaces de traducir el viaje mitológico en una profunda reflexión filosófica sobre la memoria y la obsesión por el regreso, entraña importantes implicaciones geopolíticas.
Esta producción corre el riesgo de formar parte de una estrategia de normalización cultural, destinada a invisibilizar la dramática condición del pueblo saharaui y su legítima lucha por la autodeterminación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En realidad, el Reino de Marruecos controla militarmente alrededor del 80 % del territorio, mientras que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) administra el restante 20 %, un área interior, desértica y sin salida al mar ni recursos económicos significativos.
Sin embargo, el marco jurídico internacional es inequívoco. Ya en 1975, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia estableció la inexistencia de cualquier vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, al considerar a Rabat una potencia ocupante de facto. En 2002, el dictamen jurídico del subsecretario de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, reiteró que la explotación de los recursos naturales en los Territorios No Autónomos solo es lícita si se cumplen dos condiciones taxativas: que redunde en beneficio directo de la población autóctona y que se lleve a cabo con su consentimiento previo y de conformidad con sus deseos. Este criterio ha sido además confirmado por las históricas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han anulado en repetidas ocasiones los acuerdos comerciales y pesqueros entre la UE y Marruecos en la medida en que incluían ilegalmente las tierras y las aguas territoriales del Sáhara Occidental.
Los orígenes del conflicto se remontan a noviembre de 1975, cuando el rey Hassan II puso en marcha la denominada «Marcha Verde», una operación estratégica mediante la cual 350.000 civiles marroquíes, escoltados por un importante despliegue militar, entraron en el territorio. Esta ocupación masiva obligó a gran parte de la población indígena a huir hacia el inhóspito desierto argelino, donde alrededor de 200.000 refugiados sobreviven aún hoy en los campamentos de refugiados de la región de Tinduf.
Quienes han permanecido en las zonas ocupadas viven privados de forma permanente de sus derechos fundamentales, en un contexto de impunidad estructural ampliamente documentado de «impunidad estructural», como han señalado múltiples organismos internacionales, entre ellos, el Robert F. Kennedy Human Rights, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD), el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONG NOVACT. el Gobierno marroquí recurre sistemáticamente a la detención administrativa y judicial como instrumento de persecución política y de represión de la disidencia, al tiempo que blinda la zona para impedir el acceso de observadores internacionales y de medios de comunicación independientes.
A pesar de los acuerdos de alto el fuego, firmados en 1991 bajo los auspicios de la ONU, que preveían el establecimiento de la misión MINURSO y la promesa de un referéndum de autodeterminación, el referéndum nunca llegó a celebrarse debido a los continuos vetos y maniobras obstruccionistas de Rabat. Este estancamiento se ha consolidado, con el tiempo, debido también al respaldo explícito de importantes actores de la política internacional, entre ellos Estados Unidos, Israel, Francia y España; así como al silencio cómplice de numerosos otros países. En cambio, la Unión Africana y muchos otros Estados, históricamente cercanos al Movimiento de Países No Alineados, mantienen una firme posición de apoyo a la causa saharaui.
Este prolongado estancamiento político permite a Marruecos explotar, prácticamente sin interferencias, las inmensas riquezas del territorio: el control estratégico de las costas atlánticas, cuyos caladeros figuran entre los más ricos del mundo; los abundantes yacimientos de fosfatos; el desarrollo de instalaciones de energías renovables; las prospecciones de hidrocarburos; y, no menos importante, la promoción del turismo internacional en la zona. Esta expansión económica de carácter extractivista no sería posible sin el respaldo de las inversiones extranjeras y una complicidad internacional generalizada.
En este escenario, la cultura y la industria cinematográfica se convierten en poderosos instrumentos de legitimación y normalización geopolítica. El plan estratégico de inversiones del Gobierno marroquí ofrece una desgravación fiscal del 30 % a las producciones internacionales que inviertan al menos un millón de dólares y realicen un mínimo de 18 días de rodaje en el país. Esta ventaja económica se extiende deliberadamente también a los territorios ocupados del Sáhara Occidental. El Centro Cinematográfico Marroquí, el organismo estatal encargado de gestionar estas ayudas, considera formalmente ese territorio parte integrante del Reino y lo califica como «provincia del sur». Obviamente, con el fin de promocionarlo y normalizarlo internacionalmente como un territorio plenamente integrado en Marruecos.
Así es como las sugerentes secuencias de “La Odisea” han convertido el extraordinario oasis natural intacto cerca de la ciudad ocupada de Dajla, conocido por la Duna Blanca , en el escenario ideal para representar a Ogigia, la isla mitológica en la que la ninfa Calipso retiene a Ulises. La elección de esta localización muestra cómo Rabat utiliza el séptimo arte como un instrumento de poder blando (soft power), capaz de ocultar, tras la belleza de sus imágenes y la eficiencia de una infraestructura de producción altamente competitiva, la compleja realidad de una ocupación militar.
Esta operación de mistificación, que presenta un territorio ocupado como el escenario atemporal de un mito clásico y diluye su realidad política, hace aún más desconcertante la actitud de algunos medios de comunicación tradicionalmente cercanos a las luchas poscoloniales y al derecho de los pueblos a la autodeterminación. Es el caso del diario Il Manifesto, que, en un extenso artículo titulado «Odisea, la búsqueda del mito en nuestro tiempo», dedicó una amplia y elogiosa reseña a la película de Christopher Nolan, limitándose a valorar sus méritos artísticos y omitiendo cualquier referencia a la gravedad del contexto geopolítico en el que se llevó a cabo el rodaje.
En cambio, una voz crítica surge desde las páginas de MOW (Men On Wheels), en las que se subraya que «’La Odisea’ es una película sensacional que ha cautivado a la crítica». Aunque no olvida recordar, al mismo tiempo, que «algunas escenas se rodaron en la ciudad de Dajla. Estamos en el Sáhara Occidental, en un territorio en disputa ocupado por Marruecos, donde las poblaciones indígenas no pueden contar sus propias historias sin temor a ser encarceladas». El artículo concluye denunciando que la elección de producción ha «contribuido a legitimar el control marroquí sobre el territorio en disputa», delineando «una Odisea geopolítica mucho más compleja que la épica». Paralelamente, el Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) ha expresado una dura condena, al subrayar que la producción «contribuye a la represión del pueblo saharaui por parte de Marruecos» y facilita «los esfuerzos del régimen marroquí para normalizar la ocupación». Una advertencia reiterada también por el activista saharaui Mamine Hachimi, quien declaró que filmar en esos territorios sin el consentimiento de la población local convierte a la producción en cómplice e integrante del sistema represivo.
Las palabras más conmovedoras y contundentes son las del artista, cineasta y escritor saharaui Mohamed Sleiman Labat,
«Utilizar los territorios del Sáhara Occidental para rodar una película sin el consentimiento del pueblo saharaui no es menos problemático y extractivista que explotar nuestros fosfatos, nuestros recursos pesqueros, el viento, el sol o cualquier otro recurso: es un robo en toda regla y una apropiación indebida del territorio y de la cultura. Christopher Nolan: no hace falta retroceder 3.000 años en el tiempo para «excavar» una historia de regreso al hogar, desplazamiento, guerra, sufrimiento humano y traición. Precisamente el lugar donde se rodó parte de tu película vive hoy esa misma historia. Tú y tu equipo os encontrasteis en una tierra cuyos legítimos propietarios fueron desplazados por la fuerza y que desde hace 50 años intentan regresar a casa. La odisea actual y ese largo viaje de regreso, plagado de obstáculos, son una realidad que viven los saharauis y muchas otras comunidades desplazadas. Resulta increíble que, para contar la historia del largo viaje de Ulises de regreso a su hogar, hayas tenido que utilizar la tierra de un pueblo que lleva 50 años intentando volver a casa».
FUENTE: pressenza.com
