47 organizaciones instan a la UE a proteger los derechos de las personas, no a externalizar su protección
El anuncio de hoy abre una nueva fase de políticas de externalización de fronteras profundamente lesivas, a las que nos oponemos tajantemente los 47 firmantes de 15 países. Amparados en el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, estos planes permiten enviar a personas sin derecho a permanecer en la UE a países con los que no tienen vínculo alguno. Son políticas que desplazan a las personas —y con ellas la responsabilidad sobre su seguridad y sus derechos— lejos de la mirada pública y fuera de todo escrutinio. Ninguna elección de país socio, ninguna garantía jurídica y ninguna supervisión institucional pueden eliminar los riesgos de fondo que entrañan estos «centros de retorno» (eufemismo por, centros de expulsión a terceros países, no necesariamente el suyo de origen).
Algunos Estados miembros rebautizan esos «centros» como «centros de acogida» u «oportunidades» para las personas en movimiento. Es un eufemismo que encubre una expulsión forzosa, dentro de una política basada en la indiferencia hacia la capacidad de decisión de las personas migrantes y en la idea de que el país de retorno puede disponer discrecionalmente de sus vidas y su futuro. Se deportará a estas personas contra su voluntad a centros de deportación, a menudo después de años de vida y trabajo en Europa, hacia un país en el que quizá nunca han vivido, sin familia, sin redes y sin perspectivas reales.
Todo ello indica que los Estados miembros asumen el riesgo de graves violaciones de derechos humanos contra uno de los grupos más marginados de la sociedad a cambio de un objetivo disuasorio que, según evidencias sobradas, no van a alcanzar. Medidas tan crueles empujan a las personas hacia una inseguridad mayor y amenazan con hacer aún más peligrosas las rutas migratorias. Cuando Israel deportó a personas a Ruanda y Uganda, les prometió un estatuto y protección. Sin embargo, las investigaciones muestran que muchas se vieron forzadas a continuar viajes peligrosos y cayeron en manos de redes de trata de seres humanos. Cambiar el nombre de estos acuerdos no altera su realidad: son traslados forzosos que empujan a las personas fuera de la UE, difuminan los límites de la responsabilidad y de la jurisdicción y las envían a países que con frecuencia han mostrado desprecio por sus derechos.
Ruanda: ninguna protección, ninguna supervisión independiente
El Reglamento de Retornos recién aprobado solo permite acuerdos con países que respetan las normas internacionales de derechos humanos y la prohibición de la devolución (refoulement). Ruanda no supera ese examen. La propia autoridad de asilo de Austria, en su información sobre el país, documenta casos de tortura durante la detención, arrestos arbitrarios e impunidad dentro de los servicios de seguridad. En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido constató un riesgo real de devolución y señaló que las personas enviadas a Ruanda en virtud del anterior acuerdo con Israel eran trasladadas con regularidad y de forma clandestina a Uganda. En Ruanda, los tribunales no son independientes del Gobierno, las fuerzas de seguridad detienen y arrestan a personas de forma arbitraria y sin el debido proceso, las denuncias de malos tratos se ignoran sistemáticamente y el país no ha demostrado capacidad para garantizar procedimientos justos y una protección adecuada a quienes son trasladados por la fuerza desde otro país.
Por encima de todo, sigue sin estar claro cómo podría funcionar la supervisión. El Reglamento de Retornos solo exige un mecanismo independiente de seguimiento del propio acuerdo o del régimen aplicable cuando se prevén expulsiones posteriores, pero eso no basta. La supervisión solo es eficaz si las violaciones pueden detenerse, y el Reglamento no aclara qué ocurre cuando las violaciones quedan fuera del ámbito del acuerdo o del régimen aplicable. Incluso dentro de la UE, los mecanismos de seguimiento no han logrado frenar la violencia en las fronteras. Donde la UE no tiene ni jurisdicción ni competencias de ejecución, un mecanismo de supervisión que solo existe sobre el papel no cambia nada.
Al descargar en terceros países sus obligaciones de protección, la UE se vuelve dependiente de Estados ajenos a la Unión y los habilita para instrumentalizar la migración en función de su propia agenda política. Al mismo tiempo, estos acuerdos, negociados en medio de profundas asimetrías de poder, trasladan la responsabilidad a países que ya acogen a más refugiados con muchos menos recursos. Recortan la autonomía de África y erosionan la promesa de una asociación UE-África entre iguales. Al anteponer su propia agenda de retornos a las prioridades que los países africanos han fijado recientemente, la UE socava su credibilidad como socio fiable.
Frontex: más poder, ninguna rendición de cuentas
El nuevo reglamento de Frontex propuesto por la Comisión permitiría a la agencia apoyar retornos en terceros países, incluido un posible papel en la puesta en marcha de «centros de retorno», siempre que exista un acuerdo con la UE. Frontex sigue operando hoy con una ausencia de facto de rendición de cuentas: el reparto difuso de responsabilidades entre la agencia y los Estados miembros ha impedido durante años una rendición de cuentas judicial efectiva. En lugar de atajar esas carencias, la nueva propuesta elimina la obligación actual de asignar al menos un observador de derechos fundamentales a cada operación. Frontex sería más poderosa, pero no más responsable.
Los riesgos no son un fallo: son el modelo
Los riesgos asociados a los «centros de retorno» no son fallos de implementación, sino el propósito mismo del modelo. Como sociedad civil, pedimos a Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos que abandonen los planes para establecer el llamado «centro de retorno» en Ruanda y que no trasladen a personas a países con los que no tienen un vínculo significativo. En su lugar, los Estados miembros de la UE deberían cumplir sus obligaciones internacionales y ofrecer soluciones duraderas, con recursos suficientes, que den a las personas una oportunidad real de llegar a ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Esos son los valores en los que se fundamenta la UE, y animamos a la Unión a estar a su altura.
Entidades firmantes:
- International Rescue Committee (IRC), Bélgica
- Human Rights Watch
- INTERSOS HELLAS, Grecia
- WeMove Europe, UE
- Greek Council for Refugees (GCR), Grecia
- Jesuit Refugee Service Serbia, Serbia
- 11.11.11, Bélgica
- JRS Suiza, Suiza
- European Network Against Racism (ENAR), Bélgica
- CNCD-11.11.11, Bélgica
- Fondation pour la promotion des droits, Argelia
- Jesuit Refugee Service (JRS) Europe, UE
- Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland, Alemania
- Jesuit Refugee Service, Kosovo
- Netherlands Refugee Foundation (Stichting Vluchteling), Países Bajos
- ASKV, Países Bajos
- Jesuit Refugee Service Poland, Polonia
- Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, España
- Klikaktiv, Serbia
- FEANTSA – European Federation of National Organisations Working with the Homeless, UE
- Here to Support, Países Bajos
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bélgica
- JRS France, Francia
- Brot für die Welt, Alemania
- Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre, Hungría
- HIAS Europe, Bélgica
- Medico International, Alemania
- Dutch Council for Refugees, Países Bajos
- PRO ASYL, Alemania
- EuroMed Rights, Bélgica/regional
- Statewatch, Reino Unido
- Terre des Hommes, Alemania
- Sea-Watch, Alemania
- SOLIDAR, Bélgica
- Equinox Initiative for Racial Justice, UE
- Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), UE
- ECCHR – European Center for Constitutional and Human Rights, Alemania
- EPSU European Public Service Unions, UE
- Red ACOGE, España
- Asylkoordination Austria, Austria
- Novact, España
- Quaker Council for European Affairs, Bélgica
- ILGA-Europe, Bélgica
- JRS Romania, Rumanía
- Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), Bélgica, UE
- CIRÉ, Bélgica
- SOS Balkanroute, Austria y Bosnia-Herzegovina
Nota: El International Rescue Committee responde a las peores crisis humanitarias del mundo y ayuda a restablecer la salud, la seguridad, la educación, el bienestar económico y la capacidad de decisión de las personas devastadas por conflictos y catástrofes. Fundado en 1933 a instancias de Albert Einstein, el IRC trabaja en más de 40 países para que las personas sobrevivan, recuperen el control de su futuro y fortalezcan sus comunidades. Establecida en 2001, la oficina del IRC en Bruselas dirige la relación del Comité con las instituciones de la UE. Más información de la acción del IRC en Rescue.org/EU y seguimiento en Twitter y LinkedIn.
FUENTE: pressenza.com
