Cuenca: 26 años sin plan de gestión del Centro Histórico
Han transcurrido 26 años desde que Cuenca recibió la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. En ese lapso, no se ha consolidado un Plan de Gestión del Centro Histórico que, para especialistas, sirve de norte para planificar una ciudad ordenada.
Fausto Cardoso, arquitecto, restaurador y experto en patrimonio, dice que la ausencia de un Plan de Gestión del Patrimonio en Cuenca, a 26 años de la declaratoria, representa una gran falla.
Más allá de ser una obligación impuesta por la Unesco, Cardoso sostiene que el plan debe ser una herramienta esencial para la buena gestión urbana.
El especialista en patrimonio agregó que los planes de gestión están diseñados para idear los fundamentos y principios de fondo que permiten a la ciudad operar de manera apropiada.
“La inexistencia de este marco legal deja al Centro Histórico vulnerable ante diversos intereses”, refirió el exdocente universitario y miembro del equipo que redactó el expediente de la declaratoria en 1999.
Esto abonaría a contextos que generan decisiones impulsivas y presiones económicas de sectores políticos, comenta.
De acuerdo con el análisis de Cardoso, la norma es un instrumento social fundamental para la convivencia, que ayuda a organizar las acciones ciudadanas al dejar claro el qué y el cómo manejar el patrimonio.
Para definir el rumbo de la ciudad, dice Cardoso, es “absolutamente fundamental e imprescindible” contar con este documento.
Sin embargo, precisó que lo más importante es que el plan nazca de una idea clara sobre la dirección que Cuenca quiere tomar.
Actualmente, la estructura administrativa y de manejo de la ciudad parece “agotada” y las herramientas de gestión que la sustentan son “bastante más frágiles”, dificultando su implementación efectiva, agrega.
El especialista hace una distinción crucial entre “socialización” y “participación. Cardoso cuestionó la forma en que a menudo se construyen estos procesos.
Explica que la socialización implica simplemente informar y pedir la aprobación de lo ya hecho, mientras que la participación requiere construir el documento desde el principio de forma colectiva.
Insta a que el proceso sea inclusivo y recoja las inquietudes y las iniciativas ciudadanas, evitando que la normativa se convierta en una ‘camisa de fuerza inamovible’ y permita ajustes progresivos ante las nuevas condiciones urbanas.
Fuente: elmercurio.com.ec
