Doce mil presos después, Nayib Bukele sigue protegiendo a los líderes pandilleros de la MS13.

Troles cibernéticos. Él mismo con sus cuentas de Twitter y Facebook. Todos sus funcionarios. El fiscal general al que él controla. El Órgano Judicial en el que él también manda. Los medios oficialistas financiados con dineros públicos. Nayib Bukele puso a todo su aparato de propaganda a mantener la narrativa según la cual él es una especie de líder vengador que terminará de una vez por todas con las pandillas MS13 y Barrio 18, las principales organizaciones criminales de El Salvador, cuyas guerras callejeras y negocios han provocado decenas de miles de muertos en el país en las últimas décadas.

Desde el último fin de semana de marzo, cuando la violencia pandillera dejó 87 muertos en 72 horas en las calles y barrios del país, Bukele y su aparato emprendieron su autodenominada “guerra contra las maras”, la cual, además de la propaganda cíclica, ha dejado una serie de enmiendas legales y un estado de excepción que aún no termina y que ha servido al oficialismo para limitar las garantías constitucionales y para arremeter de nuevo contra periodistas y académicos críticos del presidente y sus políticas.

El 15 de abril, en plena Semana Santa, el presidente actualizó en su Twitter la cifra de detenidos contados hasta ese día. “Más de 12,000 terroristas capturados en solo 21 días. Seguimos”, escribió Bukele en un tuit con la etiqueta #GuerraContraPandilla en el que aparecen fotos de pandilleros tatuados en todo el cuerpo.

Si esa cifra es cierta -no hay forma de hacer una verificación independiente: el gobierno de El Salvador ha cerrado todas las vías al acceso de información sobre su sistema carcelario-, Bukele ha añadido 12,000 presos a un sistema en el que ya hay cerca de 40,000 reos, cifra que ya sobrepasa por 10,000 cuerpos a la capacidad real de la red de prisiones. Hoy, con los recién ingresados, la sobrepoblación es de casi 22,000 personas.

Entre los nuevos detenidos hay, sí, personas que exhiben los tatuajes característicos de las pandillas. Esos son los que suelen aparecer en las fotografías de la propaganda oficialista. Pero también hay otros detenidos que han aparecido en otras redes sociales, no las del gobierno; son jóvenes cuyas capturas sus familiares o conocidos denuncian como actos arbitrarios.

Desde la primera semana de abril, los pocos periódicos a los que el gobierno de Nayib Bukele sigue sin controlar se llenaron de denuncias sobre abusos de la PNC. El viernes 8 de abril, por ejemplo, la policía, amparada por el régimen de excepción que los diputados de Bukele aprobaron a finales de marzo, entró a Ciudad Credisa, un vecindario de clase media, y se llevó a 21 personas sin darles explicación alguna. Los familiares de los detenidos denunciaron que los policías les tomaron fotos a todos y los acusaron de terroristas, como el presidente hace en sus tuits.

“Yo preguntaba porqué se los iban a llevar, vino un soldado y me empujó con el arma y me dijo que nosotros teníamos la culpa por vivir en una zona marginal”, dijo una ciudadana al periódico La Prensa Gráfica.

La misma noche, la fuerza pública detuvo a unos jóvenes que salían de su turno de trabajo en un restaurante de la capital. Enseguida, la PNC publicó fotos de los detenidos, a quienes había quitado las camisas, y de dinero que, según la versión policial, era pago por extorsiones. Tras una fuerte denuncia en redes sociales quedó claro que los jóvenes no pertenecían a pandillas y que el dinero era la caja hecha ese día en el restaurante

Los reclamos más fuertes llegaron desde el extranjero, lo cual parece lógico cuando, a casi tres años de gobierno, Bukele ha logrado, con persecuciones judiciales y administrativas y acoso constante, acallar a buena parte de las voces críticas del país.

El mismo 8 de abril, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA en inglés), uno de los tanques de pensamiento más influyentes en temas latinoamericanos en la capital estadounidense, publicó un comunicado en el que cuestiona sin reparos las políticas de Bukele.

“La crisis de seguridad en El Salvador requiere de una respuesta urgente y firme. Las numerosas víctimas de las pandillas más violentas del mundo tienen el derecho a la justicia y a vivir sin miedo de ser hostigadas, agredidas, extorsionadas y asesinadas. Sin embargo, suspender secciones de la Constitución del país no hará que esto suceda”, escribió WOLA.

Bukele respondió a las críticas de WOLA con ataques personales a su presidenta, Carolina Jiménez Sandoval. Atacar a quienquiera que lo critique o ponga en evidencia sus contradicciones es ya una marca propia de Nayib Bukele. Lo ha hecho con periodistas salvadoreños, con la congresista estadounidense Norma Torres o con Tamara Taraciuk Broner, directora interina de Humans Rights Watch (HRW) para las Américas.

HRW fue otra de las organizaciones que criticó las medidas recientes de Bukele. “En lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone sus derechos en riesgo”, escribió la organización en un comunicado.

Al final, sin embargo, la narrativa del presidente, todo el ruido generado alrededor de ella y todas las enmiendas legales aprobadas no han sido capaces de ocultar la falla más importante de su guerra: Nayib Bukele, por razones que ni él ni todos sus acólitos alcanzan a explicar, siguen sin extraditar a Estados Unidos a los 14 líderes de la MS13 reclamados en el país norteamericano por delitos como homicidio y terrorismo. Así, aun después de los 12,000 presos de Bukele, la cadena de mandos de la pandilla sigue intacta.

Fuente: infobae.com