El 25 de noviembre en Ecuador se recuerda con cifras que alarman y un sistema que aún falla
En Ecuador, siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En Azuay, el dato es ocho de cada 10, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
El 2021 ya es el año más violento desde que se tipificó el femicidio en Ecuador: 172 mujeres y niñas fueron asesinadas en lo que va del año por el hecho de ser mujer, según el reporte de la Fundación Aldea.
Catalina Mendoza, abogada y docente de la Universidad de Cuenca, destaca que más allá de las cifras se encuentran vidas humanas, por lo que es necesario seguir visibilizando esta problemática social, que no ha cambiado, a pesar de las acciones tomadas a nivel local e internacional.
Formas de violencia
Mendoza define a la violencia contra la mujer como todo acto basado en la pertenencia al género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño de carácter físico, psicológico, sexual o de otra índole.
Dentro de este concepto también se encuentran las amenazas, la coacción o privación de la libertad. “La violencia de género está relacionada con otras manifestaciones de discriminación como la explotación al interior de los hogares, ya que actualmente las mujeres continúan realizando la mayor parte de estos trabajos no remunerados. El tema está tan naturalizado que las niñas desde edades muy tempranas se encargan de tareas domésticas diferenciadas y de cuidado”, dijo.
La violencia en contra de la mujer es tal que en América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas y adolescentes que viven en zonas rurales y situaciones de pobreza no acuden a la escuela; y una de cada cuatro adolescentes da a luz antes de los 18 años. Entre el 67 y 89 % de las madres adolescentes no asiste a la escuela.
Además el 2 % de las mujeres en edad reproductiva tiene su primer parto antes de los 15 años, indicadores que están vinculados directamente con la mortalidad materna, la violencia y la discriminación contra la mujer.
“La violencia se produce en el ámbito público como privado e incluso en instituciones llamadas a proteger sus derechos”, expresa Mendoza.
Igualmente, alerta que en la actualidad hay nuevos espacios en donde se ejerce la violencia como en las redes sociales, que se están sumando a los mecanismos de revictimización.
Estrategias, herramientas y políticas
Las instituciones públicas y privadas han diseñado estrategias, herramientas y políticas que sirven para contrarrestar la violencia de género, pero “no es suficiente”, sostiene Mendoza.
En este contexto el Consejo de la Judicatura implementó una política pública de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de manera especializada y diferenciada. Se trata de una plataforma interactiva online femicidios.ec, presentada el 4 de agosto de 2021.
“Esta herramienta permite a la ciudadanía acceder a información sobre los casos de femicidio, monitorear y hacer un seguimiento de las respuestas que ha dado la administración de justicia a estos casos de violencia en contra de la mujeres”, indica.
Entre otras demandas del movimiento de mujeres señala que se debería contar con más operadores de justicia debidamente capacitados, formados y cualificados para brindar una atención integral, especializada, humana, adaptada a las particularidades de las víctimas de la violencia. “Las unidades especializadas se encuentran solamente en las capitales de las provincias, por ejemplo”, cita.
A criterio de Mendoza también hace falta una red integral de servicios. “No hemos visto incrementarse el presupuesto destinado a la prevención y atención de la violencia, el Estado sigue estando en deuda con las mujeres y personalmente creo que no haya avanzado de manera significativa para atender las demandas del movimiento de mujeres… Los patrones socioculturales todavía están determinando la normalización de la violencia de género”.
Similar criterio tiene Nidia Solís, vocera del Cabildo por las Mujeres sobre la media nacional de la violencia contra la mujer.
“Para nosotras es importante que las estadísticas den cuenta de la realidad y que se tome atención a nivel nacional porque no es que en las otras provincias haya menores índices, sino que a lo mejor no está suficientemente identificada la problemática existente… Nosotras solemos decir que no hay mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia y eso significa que más de la mitad de la población estamos siendo vulneradas en nuestros derechos humanos fundamentales, requerimos entonces que la otra mitad de población se comprometa en cambiar esos imaginarios patriarcales, el machismo, en superar esas formas de relación en base a ejercer el poder en contra de la otra persona, y que la sociedad, el Estado garantice justamente el derecho humano de las mujeres, pues pensamos que no perdemos solo las mujeres sino la sociedad”.
También mencionó que si bien hay un discurso oficial que condena la violencia y está a favor de sus derechos, son más palabras que realidad. “Tenemos legislación, una buena Constitución; tenemos leyes como la Ley de Violencia, ordenanzas, pero falta unir esfuerzos y hacer que el sistema funcione, tenemos un sistema integral para la erradicación y atención de la violencia a las mujeres; sin embargo, no cumple con su cometido porque no toda la institucionalidad está comprometida con esa tarea”.
“El sistema de justicia nos queda debiendo de largo, cuántos casos de violencia quedan represados, por lo que las mujeres desisten inclusive de las denuncias… Los procedimientos judiciales para la denuncia de la violencia contra la mujer no son especiales, expeditos, que permitan realmente a las mujeres tener la justicia que se espera”.
Fuente: Elmercurio.com.ec
