La Justicia y el populismo penal del Ministro Arrau
En los registros públicos se observa la detención de Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana” reducido a torso desnudo, esposado con las manos a la espalda e ingresado al furgón de Carabineros. Horas más tarde, se informa que el detenido permanece en la UCI del Hospital de Valdivia con una herida de bala en la cabeza, mientras dos funcionarios policiales resultaron igualmente baleados. La única versión disponible corresponde a Carabineros, quienes sostienen haber sido agredidos. Sin embargo, surge una interrogante esencial: ¿cómo podría un hombre esposado por la espalda disparar contra dos policías?
La ausencia de la versión del propio afectado —en estado de coma—, de su familia o de la comunidad mapuche, cercada por un operativo policial según los comunicados, revela un cuadro de opacidad y desequilibrio informativo. En tales circunstancias, cabe cuestionar la legitimidad de cualquier condena social o institucional sin un debido proceso, sin investigación imparcial y sin respeto a las garantías fundamentales que amparan a toda persona.
El ministro Arrau, desde el Poder Ejecutivo, emite juicios de culpabilidad en la prensa. No podemos permitir que ningún ministro del Ejecutivo, por poderoso que sea, usurpe el rol de la Justicia. Porque cuando un hombre de Estado se convierte en juez y verdugo en la plaza pública, no solo viola la ley (art. 4º del Código Procesal Penal): traiciona el alma misma de la democracia. En un Estado constitucional de derecho, la presunción de inocencia está por sobre cualquier político que actúa como “opinólogo”.
Este patrón no es nuevo. La criminalización mediática ha sido aplicada reiteradamente contra dirigentes mapuche, como en los casos de Daniel Melinao, Huenchullán, Curamil y Pichún. La experiencia de la “Operación Huracán” demostró que el Estado chileno ha recurrido incluso a la falsificación de pruebas para incriminar a comuneros, lo que refuerza el derecho moral de la ciudadanía a dudar de la veracidad de los montajes policiales y fiscales.
El populismo penal se expresa en la utilización de los medios como tribunales inquisidores. Al presentar a los detenidos como “trofeos de guerra” en espectáculos mediáticos, se vulnera la honra y se instala una imagen de criminalidad que contamina el juicio. Esta práctica constituye una forma de derecho penal de autor, donde se sanciona la identidad, el origen o el estilo de vida, más que los hechos concretos. Tal aberración es propia de regímenes autoritarios y contradice los principios del derecho penal democrático.
La agenda política detrás de estas detenciones parece orientada a distraer la incapacidad del gobierno para enfrentar los problemas estructurales: desigualdad, cesantía y la deuda histórica con la nación mapuche. La persecución penal se convierte en un mecanismo de control social y de silenciamiento de las demandas por autonomía y territorio.
Como recordaba Agustín de Hipona: “Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de criminales a gran escala?”. La justicia no puede ser instrumentalizada como herramienta de propaganda. Una política verdaderamente democrática debe respetar el debido proceso y la dignidad humana, garantizando que nadie sea juzgado por su apellido o su origen, sino por hechos probados en un juicio justo
FUENTE: pressenza.com
