La UE acelera la implantación del ID: dudas y cambios para la vida cotidiana

La Unión Europea ha decidido redoblar su apuesta por la Identidad Digital Europea, un ambicioso proyecto que busca ofrecer a los ciudadanos y residentes de la UE una herramienta unificada para identificarse, firmar documentos y realizar trámites tanto públicos como privados en cualquier país miembro. Esta nueva identidad no será una tarjeta física, sino una “wallet” digital, una aplicación segura instalada en el móvil desde la que el usuario podrá gestionar y compartir su información personal de manera controlada y voluntaria.
El objetivo declarado es claro: simplificar la vida de los europeos en un entorno cada vez más digital. Con esta billetera digital, será posible, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en otro país de la UE, acceder a historiales médicos durante un viaje al extranjero, firmar electrónicamente la compra de una propiedad o matricularse en una universidad sin necesidad de presentar documentación en papel. También facilitaría trámites como renovar el pasaporte, solicitar ayudas estatales, inscribirse en el Registro de la Propiedad o realizar gestiones ante las oficinas de patentes o marcas.
En teoría, un ciudadano español podría vender un piso en Valencia, firmar la escritura electrónicamente desde Berlín y registrar la operación sin pasar por una notaría física. Incluso operaciones cotidianas, como identificarse para recoger un paquete, alquilar un coche, o acceder a la sede electrónica del ayuntamiento, podrían simplificarse radicalmente.
Sin embargo, no todo el mundo dentro de la UE recibe esta medida con los brazos abiertos. Algunas voces critican el riesgo de una excesiva centralización de datos personales y alertan sobre la vulnerabilidad ante ciberataques, la posible dependencia tecnológica de grandes plataformas privadas y la falta de control real que el ciudadano podría tener si el sistema se convierte, de facto, en obligatorio para acceder a servicios básicos. Países como Alemania han mostrado reparos, exigiendo mayores garantías de privacidad y autonomía.
Además, sectores críticos señalan que una identidad digital mal gestionada podría derivar en formas de discriminación algorítmica, exclusión de personas mayores o tecnológicamente vulnerables, o incluso en usos abusivos por parte de gobiernos o empresas.
A medida que avanza su implantación, la Identidad Digital Europea se perfila como una herramienta poderosa y transformadora, pero su éxito dependerá de cómo se proteja la libertad del usuario, se garantice la seguridad jurídica y se eviten derivas hacia un control social excesivo en nombre de la eficiencia.
La otra cara de la Identidad Digital Europea: ¿camino hacia la sociedad del control?
Mientras las instituciones europeas impulsan con entusiasmo la Identidad Digital Europea (EUDI Wallet) como una herramienta de progreso, eficiencia y simplificación de la vida cotidiana, no son pocas las voces —desde la crítica lúcida hasta la preocupación casi conspiranoica— que advierten sobre los riesgos profundos que este sistema podría implicar una vez plenamente desplegado en los próximos dos o tres años.
La interoperabilidad de datos entre países miembros y entre instituciones de un mismo Estado es uno de los objetivos declarados, y eso tiene sus consecuencias para todos.
Hasta ahora, la información que las administraciones públicas manejaban sobre los ciudadanos estaba fragmentada: Hacienda tenía sus bases, los hospitales las suyas, los registros civiles, policiales, educativos o de extranjería funcionaban bajo compartimentos estancos, con diferentes niveles de digitalización, acceso y protección.
Fuente: pressenza.com