mayo 29, 2024
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Las corporaciones y las leyes para bloquear acciones por el clima

El año 2022 marcó uno de los mayores deshielos de Groenlandia de la historia. (Thor Wegner / DeFodi Images vía Getty Images)

Las empresas llevan mucho tiempo utilizando los tratados internacionales para tratar de impedir que los países del Sur Global hagan valer su soberanía económica. En las últimas décadas, las corporaciones usaron estas leyes para obstaculizar los intentos de los gobiernos europeos de hacer frente a la crisis climática.

Por mucho que el Gobierno británico juegue con nuestro futuro tratando el cambio climático como si se tratara de un partido de fútbol político, hay una realidad que no puede negar: la acción climática es necesaria. Por eso, en contra de sus mejores instintos, el gobierno anunció el mes pasado que Gran Bretaña abandonaría el tratado más perjudicial para el clima: el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE).

El TCE es producto de una época anterior. Se inventó en los años noventa para proteger los intereses energéticos occidentales en los países de la antigua Unión Soviética. Su núcleo es un mecanismo llamado solución de diferencias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), una especie de tribunal corporativo que permite a las empresas transnacionales y a los inversores demandar a los gobiernos por cambios normativos que perjudican sus balances.

Los países llevan décadas introduciendo estas cláusulas ISDS en los acuerdos comerciales y de inversión. Los barones del petróleo y las finanzas las idearon en la década de 1950. A medida que los países de todo el mundo se liberaban de los lazos imperiales, estos ejecutivos corporativos se preocupaban por cómo proteger sus intereses económicos de los gobiernos de liberación nacional que estaban llegando al poder en el Sur Global.

La nacionalización del petróleo iraní fue un punto de inflexión. Aunque Estados Unidos y Gran Bretaña orquestaron un golpe de Estado para destituir al gobierno iraní, se reconoció que no era una forma sostenible de dirigir el mundo. Era mucho mejor crear una serie de obligaciones legales. A través del ISDS, si un gobierno expropiaba los activos de una empresa extranjera, ésta podía eludir el sistema jurídico local e ir directamente a un arbitraje internacional en el que, sin transparencia alguna, sin un juez adecuado que sopesara los diferentes intereses, sin derecho a apelar y con el peso del derecho internacional para reforzar cualquier reclamación que prosperara, las empresas obtenían efectivamente su propio sistema jurídico unilateral.

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Fuente: Voces y Miradas de los Comunes/Periodismo al pie del café/Dick Richard Sellán Bajaña