Maduro 3.0: el fin de la legitimidad electoral

Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela no resolvieron el conflicto político que atraviesa el país, sino que volvieron a agudizarlo. El anuncio de los «resultados» por parte del rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la madrugada del 29 abrió la puerta a una nueva etapa en el proceso de consolidación autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. 

Con la represión abierta, la banalización del fraude y el afianzamiento de la llamada «unión cívico-militar-policial perfecta», el devenir de la Revolución Bolivariana nos recuerda, como lo describen Vincent Geisser y Michel Camau para el caso de Túnez, la necesidad de pensar los autoritarismos como sistemas caracterizados por «la alternancia de fases de apertura y repliegue, de contestación y represión» que les permiten adaptarse a las circunstancias y así mantenerse en el tiempo. En ese sentido, la llegada del 10 de enero, es decir, el día de la toma de posesión del presidente de la República, inspira mucha tensión pero bajas expectativas respecto de cambios en el panorama político venezolano.

Poca tolerancia a las derrotas

Una de las principales características del proyecto político chavista en sus inicios fue el de proponer una «revolución democrática», es decir, un proceso de cambio radical de la sociedad cuya legitimidad provendría de las urnas. La famosa «maquinaria electoral» del chavismo tenía el rol de movilizar a la población venezolana, y en especial a las clases populares, para expresar mediante el voto su inserción y apoyo al proyecto hegemónico de la Revolución Bolivariana y al «socialismo del siglo XXI». Sin embargo, y desde la época de Hugo Chávez, la «revolución democrática» tuvo una baja tolerancia hacia las derrotas. Tal fue el caso de lo que el propio Chávez llamó una «victoria de mierda» opositora, refiriéndose a los resultados del referéndum constitucional de 2007 en el que la campaña del «No» obtuvo la victoria. Sin embargo, es bajo la presidencia de Nicolás Maduro cuando se instala una práctica recurrente de no reconocimiento de los resultados electorales que comienza con la victoria de la oposición tradicional (hoy reunida, no sin tensiones, en la Plataforma Unitaria Democrática) en las elecciones para la Asamblea Nacional de 2015. Tras la derrota del chavismo de gobierno, la Asamblea es paulatinamente vaciada de sus atribuciones en favor de los poderes Ejecutivo y Judicial, mientras la oposición tradicional amenazaba con hacer uso del poder parlamentario para destituir a Maduro y posteriormente nombró a Juan Guaidó como «presidente encargado».

Fuente: nuso.org