PUEBLOS INDÍGENAS LATINOAMERICANOS EN LA MIRADEL NARCOTRÁFICO Y LA CONTRAINSURGENCIA.

» El crimen organizado presiona a las comunidades para que cultiven amapola y marihuana. La estrategia de “combate contra el narcotráfico” militariza los territorios y despoja a los pueblos indígenas de sus recursos naturales. A los casos de Colombia y México, se suma el tráfico de drogas en Centroamérica y, en las fronteras entre Bolivia, Ecuador y Perú. Las Expediciones Bowman y el mapeo de regiones para los fines estratégicos estadounidenses también demuestran la complicidad de la academia con el neocolonialismo y el despojo. «

Los indígenas de Centroamérica también sufren el narcotráfico. En los poblados mayas de Guatemala, los carteles mexicanos han instalado estructuras delictivas y controlan el transporte hacia América del Norte. En la ciudad hondureña de Puerto Lempira, el narco asedia a los indígenas misquitos. En tanto que en Nicaragua, las redes del tráfico de drogas han penetrado las comunidades misquitas de la Costa Caribe y las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefields. En el Tapón de Darién, como se denomina a la espesa selva ubicada en la frontera entre Panamá y Colombia, el narco despliega una red que se extiende desde Centroamérica hacia el norte.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país, se denunció que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invadieron territorios indígenas ubicados en la selva central para cultivar hoja de coca: uno de los cultivos que más se ha expandido en la Amazonía de la mano de la deforestación y la violencia.

La territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, y las formas de organización colectiva de los pueblos indígenas latinoamericanos son acosadas permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal. Entre ellas, una de las más agresivas y menos mencionadas, es el narcotráfico que penetra día a día en los territorios indígenas, el bosque, el monte y la selva. Al mismo tiempo que los narcos fuerzan a los pueblos a cultivar amapola y marihuana, los jóvenes indígenas son reclutados como mano de obra por los cárteles de droga.

El desempleo generalizado en el mundo rural y la debacle de la producción agropecuaria provocada por los tratados de libre comercio, que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, son razones para que muchas comunidades sean penetradas por el crimen organizado. Mientras el tráfico de drogas se expande, la estrategia del “combate contra el narcotráfico” ha servido de pretexto para que avance la militarización y la violación de derechos humanos en los territorios indígenas. A esto se suman las tareas contrainsurgentes de las fuerzas armadas hacia grupos paramilitares y guerrilleros.

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El narcotráfico en América Latina

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Colombia es el caso más claro de cómo los indígenas se encuentran entre el fuego cruzado de militares, narco-paramilitares y guerrilleros. En el norte del Cauca, el pueblo Nasa se vio forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones con colores vivos, expulsara a los narcotraficantes de su territorio. Allí operaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los nasa también debieron negociar el cese del reclutamiento de jóvenes. En otros territorios, el enfrentamiento entre el ejército colombiano y los paramilitares generó el desplazamiento forzado de miles de indígenas que decidieron huir de la violencia.

En México, el narcotráfico opera en territorios indígenas ubicados en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. En las cárceles se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud al mismo tiempo que existe una especial preocupación por los crecientes índices de drogadicción, como sucede en la comunidad Raramuris de Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50.000 indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, la lucha contra el narcotráfico criminaliza a los pueblos indígenas y encubre las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y el sistema judicial.

Saber más clic: Pueblos indígenas latinoamericanos en la mirada del narcotráfico y la contrainsurgencia.

Fuente: Lcdo. Richard Sellán Bajaña.