¿Quiénes se benefician de las masacres carcelarias?
» Las masacres carcelarias son actos de violencia organizada. Involucran una planificación previa que pasa por escoger al objetivo y a los perpetradores, diseñar un despliegue operativo, contar con las armas necesarias para el acto sangriento y, sobre todo, saber cuándo ejecutarlo. Nada de esto sería posible sin la participación criminal de ciertos policías y militares.»
Ecuador vive un ciclo macabro. Así lo confirma la última masacre carcelaria en Turi. Los diagnósticos abundan y las acciones tomadas desde el gobierno son tardías, insuficientes o erróneas. Como ya ocurrió en las cuatro masacres previas, todos los dardos apuntan al Estado, pero sus voceros insisten en culpar de la violencia a los cabecillas de las pandillas carcelarias. Y claro que tienen responsabilidad, pero hay algo que no cuadra en esa imputación.
La propia Comisión de Pacificación Penitenciaria creada por el gobierno lo acaba de denunciar en su informe del 5 de abril: “policías protegen a los líderes de las bandas en las cárceles”. La comisión de investigación de la FAE acaba de ratificarlo en su informe sobre el ataque al radar ubicado en el cerro de Montecristi: concluyeron que “fue un sabotaje”. Hasta el Embajador de EE.UU. ha señalado la presencia de “narcogenerales” en la fuerza pública ecuatoriana, dejando entrever que las organizaciones criminales han cooptado a ciertos miembros de la alta oficialidad.
Sin embargo, desde el Estado poco o nada se ha hecho al respecto. Esta inacción está blindada por un pacto de silencio desde el poder político y económico. Sus operadores públicos miran con desdén el asesinato de decenas y hasta centenas de seres humanos en cada masacre. Y han articulado una línea argumental que a golpe de repetirla va ganando adeptos, aunque carezca de evidencia. Tres consignas hilvanan el discurso: “Es una guerra entre pandillas”, “se disputan territorios/cárceles”, “retomaremos el control con más presencia policial/militar».
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Fuente: Lcdo. Richard Sellán Bajaña.
