marzo 12, 2025
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Giro en la regulación de la IA

Una vez en la Casa Blanca, Donald Trump no esperó a barrer cientos de políticas del gobierno anterior, incluidas las decisiones que buscaban regular a la inteligencia artificial (IA) en ese país. En especial, fue revocada la Orden Ejecutiva N°14110 del 30 de octubre de 2023 sobre el “desarrollo y uso seguro, protegido y confiable de la inteligencia artificial” por, supuestamente, asfixiar a la innovación, imponer barreras innecesarias a la industria tecnológica y amenazar el liderazgo norteamericano en la materia. Así también, fueron eliminadas a través de una nueva Orden Ejecutiva todas las demás políticas, órdenes y directivas existentes en esa materia.

Breve contexto de la vieja Orden Ejecutiva de la IA

Hasta la emisión de esa Orden Ejecutiva, en Estados Unidos no existían a nivel nacional –aunque sí en los distintos estados del país– previsiones regulatorias sobre cómo debían responder las autoridades al despliegue de la IA, y qué aspectos deberían ser evaluados por éstas en la adopción de esta tecnología. Y esto es relevante porque se trata del país sede de las Big Tech, lo que da un peso, si se quiere mayor, a este tipo de iniciativas.

La Orden, que es muy extensa, le metía el diente a ciertos aspectos cruciales en las discusiones regulatorias sobre la IA, como el abordaje sobre el eventual uso dual de los sistemas de IA para aplicaciones civiles y militares, previsiones de transparencia que atravesaran su ciclo de vida, y la creación e implementación de protocolos de testeo rigurosos de los sistemas de IA adoptados por el Estado, entre otros.

Desde luego, la Orden tenía limitaciones serias. Se apoyaba en buena medida en los compromisos voluntarios de las empresas desarrolladoras de IA; y podía ser eliminada o modificada en cualquier momento por otro gobierno que expidiese otra Orden Ejecutiva que afectara su vigencia o alcance. No era perfecta, pero era una respuesta del Poder Ejecutivo de ese país ante la inacción del Congreso frente a una tecnología de alto impacto social que representa riesgos serios, actuales y presentes.

Fuente: derechosdigitales.org