Acabar con las AFP, una urgencia moral y política

Desde hace más de 40 años las AFP han sido el símbolo más brutal de un modelo económico que trata a los trabajadores como clientes cautivos. En nombre de la libertad, millones de chilenos fueron obligados a depositar sus ahorros previsionales en cuentas individuales administradas por empresas privadas. Se les prometió propiedad, rentabilidad, independencia. Recibieron comisiones, pérdidas, jubilaciones miserables.

Hoy las cifras hablan por sí solas: más del 70% de las pensiones autofinanciadas por el sistema AFP están por debajo del salario mínimo. Millones de chilenos sobreviven con menos de 200 mil pesos al mes después de haber trabajado toda su vida. Mientras tanto, las AFP han obtenido utilidades multimillonarias, invertido el dinero de los trabajadores en empresas cuestionadas, y pagado sueldos obscenos a sus ejecutivos.

Pero el problema no es solo económico. Es ético, es político, es social. ¿Cómo puede sostenerse una democracia cuando la vejez se vuelve sinónimo de pobreza? ¿Qué tipo de contrato social se puede construir cuando los trabajadores saben que hagan lo que hagan terminarán dependiendo de bonos estatales o caridad familiar para sobrevivir?

La estafa es aún más evidente cuando se observa la estructura misma del sistema. Los trabajadores asumen todos los riesgos. Si hay crisis, pierden. Si hay inflación, pierden. Si mueren antes de jubilar, su familia pierde. Las AFP nunca pierden. Cobran comisiones incluso cuando el fondo retrocede. Invierten sin consultar, deciden sin transparencia y se escudan en tecnicismos para evitar cualquier tipo de reforma de fondo.

¿Y el Estado? Mira desde lejos. Entrega pensiones básicas, financia aportes solidarios, subsidia la pobreza que genera el sistema privado. En vez de ser garante de derechos se ha vuelto cómplice pasivo de un modelo diseñado para enriquecer a unos pocos con el trabajo de todos.

Es hora de acabar con esta farsa. No basta con regular las AFP. No basta con permitir nuevos actores. No basta con reformar los parámetros. Hay que cambiar el modelo completo. Hay que crear un sistema público, solidario, tripartito, sin fines de lucro, donde las pensiones sean un derecho garantizado por el Estado y financiado de manera justa entre empleadores, trabajadores y fondos fiscales.

Un sistema donde nadie se jubile con miedo. Donde las pensiones no dependan del ciclo económico ni de la especulación bursátil. Donde el dinero de los trabajadores no sea botín de gerentes financieros sino herramienta de seguridad social.

¿Y los fondos actuales? Deben ser traspasados a un ente estatal autónomo con participación ciudadana y control democrático. No se trata de expropiar, se trata de devolverle a los trabajadores lo que siempre fue suyo. El ahorro previsional no puede seguir siendo rehén del mercado.

Es perfectamente posible hacerlo. Existen modelos exitosos en el mundo. Se puede diseñar una transición progresiva, justa, sin traumas ni vacíos. Pero para eso se requiere voluntad política. Y coraje. El mismo coraje que tuvieron miles de ciudadanos cuando salieron a la calle a gritar “No + AFP”. El mismo coraje que se necesita hoy para legislar contra los intereses más poderosos del país.

Porque lo que está en juego no es solo el monto de las pensiones. Es la dignidad de una nación. Es el derecho a envejecer sin miedo. Es la posibilidad de construir un país donde el trabajo se respete, la justicia se imponga, y la vejez no sea una condena, sino una etapa protegida y digna.

Fuente: pressenza.com