La cara del alumno y el algoritmo del sospechoso: dos países, un mismo dilema
El 4 de agosto de 2026, el grupo de técnicos de la Autoridade Nacional de Proteção de Dados firmó una resolución que interrumpió, de un plumazo, una rutina que un millón de chicos y chicas venían repitiendo cada mañana desde 2021: pararse frente a un celular, dejarse fotografiar por el propio maestro y confiar en que un algoritmo, en algún servidor de la estatal Celepar, decidiera si esa cara coincidía con la registrada en la base de datos. Ese día terminó el «Escola Paraná Biometria». Y con él, empezó a resquebrajarse la ilusión de que en América Latina la vigilancia biométrica del Estado avanza siempre en la misma dirección.
La escena tiene protagonistas concretos. Del lado brasileño, un aparato regulador que llevaba casi dos años investigando en silencio, desde que en diciembre de 2024 una denuncia hizo sonar la primera alarma. Del otro, un gobierno estadual —el de Paraná— que había convertido la digitalización escolar en una bandera de gestión, tercerizando parte del sistema en la empresa privada Valid y presentándolo como modernización. En el medio, dos mil ciento treinta y seis escuelas, cien mil docentes convertidos sin saberlo en operadores de un sistema de reconocimiento facial, y una promesa —hasta catorce años de almacenamiento de datos biométricos por alumno— que muy pocas familias llegaron a dimensionar cuando firmaron el primer consentimiento.
Es la primera vez que la ANPD clasifica formalmente el uso de reconocimiento facial para control de asistencia escolar como una actividad de «alto riesgo». El argumento, despojado de tecnicismos, es casi de sentido común: no hace falta fichar biométricamente a un millón de menores para saber si asistieron a clases. Existen alternativas —una lista, una tarjeta, un registro manual— infinitamente menos invasivas. La proporcionalidad, ese principio que en el papel suena abstracto, se volvió el arma con la que el Estado regulador le puso un freno al Estado ejecutor.
Cruzar la frontera hacia Argentina es entrar en otra película. Mientras Brasilia discutía proporcionalidad, en Buenos Aires la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmaba en julio de 2024 la Resolución 710, que creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), bajo la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, con Santiago González Bellengeri al frente. Los considerandos de la norma no disimulan la inspiración: citan a Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India como los países que «están a la vanguardia» en el uso de estas tecnologías para la seguridad pública, como si integrar esa lista fuera, en sí mismo, un mérito a perseguir.
Las funciones que la resolución le asigna a la UIAAS son, en el papel, amplias hasta la vaguedad: patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios de internet y la llamada dark web para identificar delitos y a sus autores; analizar publicaciones para anticipar movimientos de grupos o disturbios; detectar transacciones financieras sospechosas. Todo eso, sin que ningún juez deba autorizar previamente el rastreo de una cuenta, de una comunidad online o de un patrón de comportamiento. Amnistía Internacional, en su informe «Estado de Vigilancia», puso el dedo exactamente ahí: la ausencia de control judicial no es un detalle procesal, es el corazón del problema. Convierte a las fuerzas de seguridad en árbitros de qué es disidencia y qué es delito, sin el contrapeso que en cualquier democracia debería mediar entre la sospecha y la vigilancia efectiva.
El contraste se agranda cuando se mira el andamiaje legal detrás de cada decisión. Brasil actúa amparado en la Lei Geral de Proteção de Dados, una norma pensada para la era de la inteligencia artificial, y discute en el Congreso un Marco Legal de IA que intenta ponerle límites explícitos al uso estatal y privado de estos sistemas. Argentina, en cambio, sigue regida por la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, sancionada en el año 2000 —cuando ni Facebook existía— y jamás actualizada para contemplar el perfilamiento automatizado o el reconocimiento facial. Ese vacío no es un descuido burocrático: convive, sin demasiada incomodidad, con una política oficial que promociona activamente al país como territorio desregulado para atraer inversiones de centros de datos de las grandes tecnológicas, apostando el argumento económico por encima de cualquier discusión sobre quién controla esos datos.
Ahí aparece la capa que excede a los dos países. Mientras la Unión Europea, con su EU AI Act, prohíbe la identificación biométrica remota en espacios públicos y exige auditorías de sesgo a cualquier sistema de alto riesgo, los proveedores globales de software de vigilancia necesitan mercados nuevos donde esas exigencias no rijan. El Sur global —y el Cono Sur en particular— se convierte así en plaza de descarte: el lugar donde se prueba, sin las fricciones regulatorias del Norte, lo que en Bruselas ya no se puede vender. Brasil intenta correrse de ese lugar construyendo infraestructura propia a través de empresas públicas como Serpro y Dataprev, para no terminar administrando sus datos con software ni servidores de Washington o de Pekín. Argentina, mientras tanto, profundiza la dependencia: importa las cajas negras para gestionar su seguridad interna sin generar, en paralelo, la capacidad técnica ni institucional para auditarlas.
El interrogante que queda por definir, entonces, no es si conviene o no usar inteligencia artificial en la gestión estatal —esa discusión, en los hechos, ya está saldada en los dos países—. La pregunta es quién es dueño del software, dónde vive el dato y quién responde cuando el sistema falla o se usa mal. Paraná respondió, después de casi dos años de investigación y con un millón de datos biométricos de por medio, que ni la promesa de eficiencia administrativa justifica fichar la cara de un chico durante catorce años. Argentina, hasta ahora, no se hizo esa pregunta con la misma fuerza institucional: la tiene planteada, en cambio, Amnistía Internacional, desde afuera del Estado, mientras la Unidad de Inteligencia Artificial sigue patrullando redes sin que ningún juez le pida, todavía, que rinda cuentas.
fuente: pressenza.com
