La crueldad y el rostro político del poder

Es precisamente aquí donde la reflexión sobre la crueldad abandona las páginas del poeta Lautréamont y comienza a caminar por nuestras propias calles. Ya no estamos solamente frente a un personaje literario que ha decidido convertir la perversidad en una forma de existencia. Estamos frente a una realidad política que merece ser observada con atención, especialmente cuando el poder comienza a construir sus discursos sobre la identificación de enemigos, la exaltación del orden y la promesa de restablecer una autoridad que supuestamente ha sido arrebatada a la sociedad.

En el Chile actual, bajo el gobierno de José Antonio Kast, esta discusión adquiere una particular relevancia. No porque toda política de seguridad sea necesariamente una expresión de crueldad, ni porque el ejercicio de la autoridad deba confundirse con una conducta perversa, sino porque existe una frontera ética que ningún gobierno debería atravesar: aquella que separa el legítimo ejercicio del poder de la utilización del sufrimiento humano como instrumento de sometimiento.

La ultraderecha ha encontrado históricamente una parte importante de su fuerza política en la promesa de recuperar un orden perdido. Para conseguirlo necesita identificar aquello que amenaza ese orden. Construye enemigos, establece fronteras entre quienes pertenecen a la comunidad y quienes supuestamente la ponen en peligro, y transforma problemas sociales complejos en confrontaciones donde parece existir solamente una alternativa: estar del lado de la autoridad o formar parte de la amenaza.

En este escenario, el migrante puede dejar de ser una persona que ha abandonado su territorio buscando sobrevivir y convertirse en una cifra de irregularidad; el manifestante puede dejar de ser un ciudadano que expresa su desacuerdo y convertirse automáticamente en una figura sospechosa; el disidente puede terminar presentado como un obstáculo para la estabilidad. La persona desaparece detrás de la categoría que el poder le asigna.

Y cuando eso sucede, comienza una operación particularmente peligrosa: la deshumanización del otro.

El problema no reside en que un gobierno quiera combatir la delincuencia, controlar sus fronteras o garantizar la seguridad de sus habitantes. Son obligaciones legítimas del Estado. El problema comienza cuando esas obligaciones se utilizan para justificar cualquier procedimiento, cuando la eficacia se coloca por encima de los derechos fundamentales y cuando el sufrimiento de determinados grupos deja de constituir una preocupación moral.

El gobierno de Kast ha situado el control migratorio y el endurecimiento de las políticas de seguridad entre sus prioridades. Sus anuncios sobre expulsiones, control fronterizo, facultades policiales y fortalecimiento de las medidas penitenciarias abren una discusión que no puede reducirse a una disputa entre partidarios y opositores. Es una discusión sobre los límites éticos del poder y sobre la sociedad que estamos dispuestos a construir.

Porque una democracia no se mide solamente por la capacidad que tiene un gobierno para imponer sus decisiones, sino también por su capacidad de reconocer límites a su propia autoridad.

Aquí vuelve a aparecer Maldoror.

No porque José Antonio Kast sea Maldoror, ni porque resulte legítimo establecer una equivalencia automática entre un personaje literario y un gobernante. La relación es más profunda y, por lo mismo, más inquietante. Maldoror representa la voluntad de ejercer el poder sobre otro sin reconocer ninguna obligación hacia su sufrimiento. La pregunta que nos deja su figura es qué ocurre cuando una voluntad semejante encuentra justificaciones políticas, institucionales o ideológicas para actuar sobre la vida de los demás.

La crueldad no necesita presentarse siempre con el rostro descubierto. Puede esconderse detrás de un uniforme, una disposición administrativa, una consigna electoral o un discurso que promete seguridad para unos mientras vuelve invisible el sufrimiento de otros. Puede incluso instalarse en la conciencia colectiva hasta conseguir que determinadas formas de humillación sean consideradas necesarias.

Y entonces aparece una de las preguntas más incómodas de nuestro tiempo: ¿cuántas personas deben sufrir para que otras sientan que finalmente ha regresado el orden?

La historia chilena debería hacernos especialmente sensibles frente a esta pregunta. Sabemos lo que significa vivir bajo un poder que transforma al adversario en enemigo, que convierte la diferencia política en una amenaza y que pretende justificar la violencia en nombre de la seguridad nacional. Tenemos una memoria histórica que no debería permitirnos observar con indiferencia el debilitamiento de los derechos humanos, cualquiera sea el gobierno que lo promueva.

No podemos olvidar que la crueldad institucionalizada comienza muchas veces antes de la violencia física. Comienza en las palabras que despojan al otro de su condición de semejante, en los discursos que lo presentan como una amenaza, en la indiferencia frente a su vulnerabilidad y en la convicción de que existen personas cuyos derechos pueden valer menos que los nuestros.

Por eso me parece tan importante recuperar a Richard Rorty. Su defensa de la solidaridad y su preocupación por la crueldad nos recuerdan que una sociedad democrática necesita ampliar permanentemente el círculo de quienes reconocemos como semejantes. No reducirlo. No levantar muros morales entre los seres humanos. No aceptar que la dignidad dependa de la nacionalidad, la posición económica, la ideología o la condición social.

La literatura puede ayudarnos a realizar ese ejercicio. Nos permite escuchar las voces que el poder no siempre quiere escuchar, reconocer los rostros que desaparecen detrás de las estadísticas y comprender que ninguna persona debería convertirse en un instrumento para satisfacer las necesidades de autoridad de otra.

Quizás por eso escribir sobre la crueldad en el Chile de hoy no sea solamente un ejercicio filosófico ni una reflexión literaria. Es también una responsabilidad política. Porque cuando un gobierno decide que el orden constituye su principal argumento, debemos preguntarnos qué entiende por orden, a quién protege, a quién excluye y cuánto sufrimiento está dispuesto a tolerar para conseguirlo.

La seguridad es necesaria. La autoridad también. Pero ninguna de las dos puede convertirse en una licencia para despojar a otros de su dignidad.

Maldoror decidió hacer de la crueldad su destino. Una sociedad democrática tiene la responsabilidad de impedir que esa elección individual se transforme en una forma de gobierno.

Y quizás allí se encuentre la verdadera diferencia entre una sociedad que simplemente obedece y otra que todavía conserva su humanidad: en la capacidad de defender incluso los derechos de aquellos con quienes no estamos de acuerdo, de quienes nos resultan extraños y de quienes el poder nos invita a considerar enemigos.

Porque el día en que el sufrimiento de otro ser humano deje de importarnos, no habremos recuperado el orden. Habremos comenzado a perder nuestra propia humanidad.

FUENTE: pressenza.com