(Perú) Debate sobre Política de Seguridad: ¿Cambio de autoridad o cambio de marco legal?

El 20 de agosto de 2026, el Gobierno presentó la Política General de Gobierno 2026-2031, el documento que definirá la estrategia de seguridad del Estado para los próximos cinco años. Sin embargo, la discusión impulsada por diversos medios de comunicación y actores políticos giró principalmente en torno a la continuidad del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, desviando la atención de la decisión más trascendente en materia de seguridad: la política con la que el Estado enfrentará al crimen organizado durante el próximo quinquenio.

Por: Jhovana Yauri.

La controversia se intensificó el 22 de agosto, cuando el ministro del Interior, César Astudillo, reconoció que la legislación vigente limita la posibilidad de remover al comandante general debido al mandato fijo de dos años establecido por la Ley N° 31570. Ese mismo día, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, declaró en Canal N que el Ejecutivo podría haber cometido un error al respaldar esa disposición, aprobada por insistencia el 1 de septiembre de 2022 con 82 votos a favor y el respaldo de toda la bancada de Fuerza Popular.

Desde entonces, la discusión pública se concentró en la permanencia de Arriola,  mientras ningún actor político se pregunta lo más relevante ¿por qué el Gobierno presentó una política de seguridad sin incorporar reformas al marco legal penal, uno de los aspectos más cuestionados en la lucha contra el crimen organizado?

Medios: ¿Permanencia de Arriola o Política de Seguridad?

Entonces, el verdadero debate no es la permanencia o salida de Óscar Arriola, sino la política de seguridad que el Estado pretende ejecutar. Si el Gobierno define como prioridad reducir la criminalidad y recuperar la seguridad ciudadana, debe formular una política que articule objetivos, estrategias, capacidades institucionales y un marco legal coherente. Estas decisiones determinan las capacidades institucionales con las que la Policía Nacional del Perú (recursos, inteligencia, organización y herramientas) puede ejecutar la estrategia diseñada por el gobierno.

Por lo tanto, la eficacia de una política pública depende de la coherencia institucional, entendida como la capacidad del Estado para alinear sus objetivos, sus leyes y las instituciones encargadas de ejecutarlas hacia un mismo resultado. Cuando esa coherencia se rompe, la ejecución no puede corregir las deficiencias del diseño. Por ello, la permanencia o salida del comandante general puede influir en la conducción operativa, pero no modificará por sí sola una política de seguridad que mantiene intactas las reglas con las que el Estado enfrenta al crimen organizado.

La Política General de Gobierno 2026-2031 deja intacto el marco legal

Durante la presentación de la Política General de Gobierno 2026-2031, el Ejecutivo planteó una estrategia de seguridad basada en siete líneas de acción orientadas principalmente al fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado. Entre ellas figuran el incremento de operativos contra el crimen organizado y la extorsión, la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial y sistemas biométricos, el fortalecimiento del sistema penitenciario, el aumento de la capacidad de inteligencia y la asignación de mayores recursos para las instituciones responsables de la seguridad ciudadana (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2026).

La estrategia presentada prioriza el fortalecimiento operativo de las instituciones, pero no incorpora reformas al marco legal penal ni una reforma estructural del sistema de seguridad, aspectos que diversos especialistas consideran necesarios para enfrentar al crimen organizado.

Más homicidios y las mismas Leyes: El debate sobre las Llamadas «Leyes Procrimen»

Los resultados acumulados de las políticas de seguridad aplicadas en los últimos años muestran una crisis cuya magnitud exige mirar más allá del cambio de autoridades. Entre 2018 y 2024 las denuncias por extorsión crecieron 592%, mientras que los homicidios registrados por el SINADEF pasaron de 1.018 en 2020 a 2.248 en 2025. Solo en los primeros 22 días del actual gobierno ya se registraban 121 homicidios.

Recordemos que El Colegio de Abogados de Lima y diversos especialistas han cuestionado la vigencia de normas que, según sostienen, reducen la eficacia de herramientas esenciales para investigar el crimen organizado, entre ellas la colaboración eficaz, la extinción de dominio y los allanamientos. No obstante, la Política General de Gobierno mantiene intacto ese marco legal, pese a que constituye uno de los principales condicionantes de la política de seguridad.

En consecuencia, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo espera el Estado reducir la criminalidad si mantiene normas que, según la propia Fiscalía, dificultan la persecución del crimen organizado?

La Comisión de Justicia pondrá a prueba las promesas de campaña

Desde el nuevo Congreso se han presentado diversas iniciativas legislativas para derogar o modificar las denominadas «leyes procrimen», que ya forman parte de la agenda parlamentaria. Entre ellas destaca la iniciativa integral del diputado César Holguín (Ahora Nación), que propone derogar diez normas cuestionadas por debilitar la lucha contra el crimen organizado. En la misma línea, la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú) presentó un proyecto para eliminar ese mismo paquete normativo, mientras que el diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) impulsó dos iniciativas orientadas a derogar de manera específica las leyes N° 31751, 32104, 32108 y 32138.

A estas propuestas se suma el anuncio de la alianza Consenso por la Democracia, integrada por Ahora Nación, Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, de presentar cinco proyectos legislativos incluida la derogación de la Ley N° 32735 sobre el fuero militar-policial.

Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil impulsan la Mesa de Trabajo Anticrimen, un espacio de articulación integrado por la Coalición Ciudadana por la Vida, el Acuerdo Histórico Ciudadano, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Plataforma por la Democracia, Concertación Perú, el Colectivo Unidad Democrática y especialistas en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. A esta iniciativa se han sumado los diputados César Holguín (Ahora Nación), Fernando García (Partido del Buen Gobierno), Raúl Camargo (Partido Obras) y Saúl Armacanqui (Juntos por el Perú).

Las propuestas que surjan de este espacio podrán incorporarse al debate junto con los proyectos de los parlamentarios y ser discutidas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular). Allí se definirá si las iniciativas para derogar las denominadas «leyes procrimen» avanzan hacia el Pleno o permanecen archivadas.

Actualmente, el Estado enfrenta la mayor expansión del crimen organizado de las últimas décadas y será difícil revertir esta tendencia mientras el Ejecutivo mantenga un marco legal que diversos operadores del sistema judicial consideran que debilita su persecución y se plantee una política de seguridad incompleta. Con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos instalada, comienza la primera prueba de coherencia institucional entre el discurso político y las decisiones legislativas.

Finalmente, cada día que el debate se desvía hacia la permanencia o remoción de Arriola, en lugar de centrarse en la política pública que presentó el Ejecutivo, el problema seguirá intacto. Cada día perdido cuesta, al menos, cinco vidas que pudieron evitarse con mejores decisiones públicas. Cambiar una autoridad no basta; hay que cambiar las acciones que orientan al Estado.

FUENTE: pressenza.com